Días atrás se presentó el libro Bolivia: un país sin litoral, investigación auspiciada por la organización internacional Oxfam en la que se analizan los efectos económicos de la mediterraneidad para Bolivia, y se explica el intrincado contexto de los puertos chilenos que afecta el comercio exterior boliviano y reduce significativamente las posibilidades de desarrollo del país.
Destaca entre los datos del estudio, realizado por Daniel Agramont y José Peres junto a otros investigadores, que los países sin litoral ven afectados sus niveles de desarrollo en un 20%, evidenciándose la brecha que existe entre los países con y sin acceso a las costas marítimas. Asimismo, hay evidencia que demuestra que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países sin litoral es menor en entre 1,2% y 1,5%.
Además de esos datos, la investigación, que estudió el procedimiento en el transporte de carga boliviana combinando los resultados de un trabajo de campo que duró 10 meses con estadísticas de referencia y conclusiones de otros estudios previos, destaca que el 82% del comercio boliviano depende de los puertos de Chile, que al menos tres áreas productivas dependen al 100% de los servicios portuarios de ese país, y que siete de los nueve departamentos usan los servicios chilenos para sus actividades de importación y exportación a pesar de las numerosas trabas que deben afrontar, motivadas muchas de ellas por la conflictiva relación entre ambos países.
Junto a las motivaciones políticas, los investigadores identificaron que la conflictividad social también atenta contra el desarrollo del comercio marítimo boliviano: 42% de los paros portuarios en Latinoamérica ocurren en Chile. Son también problemas estudiados en la investigación la privatización de los puertos ocurrida años atrás; la falta de mejoras en las carreteras, infraestructura portuaria insuficiente y otras inversiones necesarias; y el hecho de que solo tres familias chilenas (Luksic, Urenda y Von Appen) controlen todo el negocio portuario.
En el acto de presentación participaron el Presidente del Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores. El primero calificó de “economicidio” el comportamiento del vecino país con respecto a las necesidades bolivianas, afirmando que se trata de un delito de lesa humanidad. A su vez, el Canciller criticó los abusos discriminatorios que sufren los transportistas y exportadores bolivianos y el alto costo de los servicios portuarios, que tuvo ocasión de verificar por sí mismo semanas atrás.
Se trata, pues, de un trabajo de gran profundidad y amplitud que suma evidencia sobre el pernicioso efecto que tiene en la economía boliviana la mediterraneidad del país, sumada a la nociva actitud del Estado chileno, que ha dado muestras constantes de incumplir muchos de los compromisos asumidos en el Tratado de 1904.
