El asesinato de la niña Abigaíl semanas atrás ha conmocionado a la población boliviana por las condiciones en las que el crimen ocurrió; sin embargo, no es el único infanticidio registrado en lo que va del año. Por ello, días atrás, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha instado al Gobierno a aplicar las leyes que protegen a esta población.
En efecto, según datos oficiales, entre enero y noviembre de 2015 se han registrado 34 infanticidios en el país: 15 en La Paz, 8 en Oruro, 4 en Santa Cruz, 3 en Cochabamba, 3 en Tarija y uno en Chuquisaca. Además, los estudios de Unicef revelan que ocho de cada 10 niños y niñas sufren de castigos corporales para ser “educados”.
Al respecto, la Representante en Bolivia de esa agencia de la ONU afirmó que “es necesario que cambiemos nuestra cultura de la violencia por una cultura del respeto de los derechos humanos, cuidado, buen trato y el respeto en el espacio familiar”, explicando que si es tan alto el índice de niños y niñas víctimas de maltrato es porque “los adultos pensamos que está bien castigar físicamente para educar”, sin tener en cuenta “que la violencia puede llegar a matar”.
Así, el lunes pasado, Unicef y ONU Mujeres se pronunciaron públicamente para recomendar al Estado “la implementación plena del Código Niño, Niña y Adolescente y la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, con una asignación presupuestaria suficiente para que se haga efectivo el sistema de protección integral que asegure la prevención, atención y respuesta adecuada a niñas, niños y mujeres que sufren de violencia o están en riesgo de sufrirla”.
La Representante de ONU Mujeres en Bolivia agregó que son las mujeres de todos los grupos etarios “las principales víctimas de todas las formas de violencia”, asegurando que es tarea del Estado y de la sociedad prevenir estos hechos, sancionar a los agresores y proteger a las víctimas. Tres tareas en las que existen ostensibles fallas a pesar de la existencia de normas e instituciones para el efecto. Coincide en ese punto el Ministro de Gobierno, quien cree que “la responsabilidad es de todos: del Estado, la sociedad, del sistema educativo, padres de familia, vecinos, medios de comunicación, es un trabajo absolutamente transversal”; pero olvida mencionar que al Estado no le corresponde únicamente la parte coercitiva y sancionadora, sino también la de establecer condiciones para una educación transformadora.
Las cifras antes mencionadas, junto a la percepción generalizada de que la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres de toda edad no hace más que crecer, nos recuerdan que hay mucho por hacer y que no basta con demandar al Estado que haga más, pues mientras el trato siga siendo el mismo en los hogares, poco podrá cambiar, incluso si la Justicia llega a sancionar efectivamente a los agresores.
