La crisis del agua en la ciudad de La Paz y otros lugares del país, así como la enmarañada historia en torno a la accidentada línea aérea LaMia, ha reabierto el debate, con fuerza, sobre los problemas en la gestión pública. Ello nos conduce a la cuestión del modelo de Estado, su tamaño, legitimidad, fortaleza y eficacia en diferentes entidades y niveles territoriales.
Hace tres décadas, de la mano del neoliberalismo y con la convicción impuesta de que no había alternativas, la consigna se llamó “Estado mínimo”. Y se obró en consecuencia con la privatización de empresas públicas y el credo de que todo debía ser resuelto por el mercado. Luego se habló de un “Estado eficaz”, que no necesariamente debía remar pero sí señalar el rumbo. Así, con el recetario del llamado Consenso de Washington, se hicieron sucesivas reformas orientadas a la “modernización” estatal.
Ese modelo entró en crisis y se trazaron diferentes caminos para el retorno de un “Estado fuerte”, con protagonismo y con presencia decisoria en la economía. En el caso de Bolivia, el Estado neoliberal inaugurado a mediados de los 80 con el Decreto Supremo 21060 se transformó durante la última década. Un hito fue la nacionalización de los hidrocarburos. Luego, con la Constitución Política de 2009 se definió la ruta de refundación hacia un Estado plurinacional con autonomías.
Como parte de estos ciclos estatales, que implican transformaciones más o menos profundas, se plantea el tema de la gestión pública. Y es que una condición para el buen funcionamiento del Estado es que la administración y las políticas públicas resultantes gocen no solo de amplia legitimidad, sino también de probada eficiencia. Cualquier rumbo de ajuste o refundación debe garantizar ese mínimo, con mayor razón si va acompañado, como hoy en Bolivia, de un sustantivo proceso de inclusión social.
En los últimos días se han oído algunas voces de autocrítica en el Gobierno respecto a la gestión pública. Primero fue el Procurador General del Estado, quien identificó tres grandes males: corrupción, burocracia y falta de capacidad. Y hace poco el mismo vicepresidente García Linera reconoció “falencias evidentes” en la administración, con señales de descuido, incompetencia y error. Las atribuye al acelerado crecimiento del Estado, más veloz que las habilidades y capacidades de los funcionarios.
Lo evidente es que una de las debilidades del actual proceso de refundación estatal en Bolivia, que debiera asumirse en serio como tarea esencial e impostergable, tiene que ver precisamente con deficiencias en la gestión pública, en algunos casos vinculada a hechos de corrupción. También está en agenda el todavía pendiente fortalecimiento institucional que, si bien toma más tiempo, resulta imprescindible, junto con la participación, para garantizar la continuidad y profundización de cualquier cambio.
