A un mes de ocurrido el fatal accidente del vuelo de la empresa LaMia, en el que 71 personas perdieron la vida, los detalles de la causa del siniestro comienzan a conocerse (o confirmarse, pues las versiones periodísticas ya habían señalado lo que las autoridades anunciaron de manera oficial), generando en el camino roces entre las autoridades de Bolivia y Colombia.
En efecto, hace poco más de una semana, el Ministro de Obras Públicas anunció que la investigación instruida por su despacho concluyó que la empresa LaMia Corporation SRL y el piloto Miguel Quiroga son los responsables de la tragedia aérea en Colombia, sucedida la noche del 28 de noviembre cuando el avión de la compañía con matrícula CP2933 se estrelló contra el Cerro Gordo en Antioquia, Medellín, con 77 pasajeros a bordo, entre ellos la delegación del club de fútbol Chapecoense, de Brasil.
La autoridad agregó que el ministerio a su cargo abrió los procesos administrativos y legales correspondientes contra funcionarios que conociendo la normativa no hicieron un control efectivo, además de procesos penales contra la empresa aérea. A su vez, el mismo día, el Ministro de Gobierno anunció que aguarda una orden judicial para notificar a Interpol y activar la captura internacional de Celia Castedo y Marco Antonio Rocha, ambos imputados por la presunta comisión de los delitos de desastres en medios de transporte, homicidio culposo, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Días después de tales revelaciones, el Director de Aeronáutica Civil de Colombia dijo que el Gobierno boliviano no tiene competencia para dar resultados oficiales sobre la investigación del accidente aéreo. Entonces, el Ministro de la Presidencia se vio obligado a aclarar que el informe antes citado tiene validez para el Estado de Bolivia, pero está a consideración de Colombia y Brasil para complementar otras investigaciones.
Finalmente, el lunes, el Director de Aerocivil de Colombia brindó un informe preliminar de la investigación en curso, señalando que el “agotamiento de combustible” es la principal de una serie de irregularidades que se cometieron en el vuelo de LaMia, además que el avión llevaba un peso mayor al permitido y volaba a una altitud para la cual no estaba autorizado. La autoridad agregó que el informe presentado no tiene como fin “determinar la culpa o responsabilidad, sino prevenir nuevos accidentes”.
Se trata, pues, de un caso cuyos detalles aún no han terminado de conocerse, pero que ya permite concluir que hay problemas de falta de institucionalidad y control que deben ser resueltos a la brevedad posible, no tanto por el estigma que podría caer sobre las empresas y pilotos bolivianos, sino porque urge asegurar que los cielos nacionales son seguros para cualquiera que viaje desde y hacia el país en aeronaves bolivianas.
