La Comunidad Andina de Naciones (CAN), mecanismo de integración subregional que reúne a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, viene trabajando intensamente a fin de dotarse de un marco jurídico comunitario que facilite el intercambio de electricidad. La Decisión 536 de 2002 establece cuáles son las autoridades de cada país miembro de la CAN que participa con voz y voto en el Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad (CANREL).
En diciembre pasado se llevó a cabo la décimo novena reunión del CANREL en Bogotá, ocasión en la que los representantes de los cuatro países avanzaron sustancialmente en un proyecto de decisión andina que, de ser aprobado, constituirá el mar-co regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad.
Además, establecieron un cronograma de trabajo tendiente a dotarse de reglamentos de carácter comercial, operativo y de coordinación regional. Se prevé que este año sea finalmente aprobado este importante régimen jurídico vinculante a los cuatro países de la CAN.
Actualmente existe un régimen jurídico transitorio para los intercambios eléctricos entre Colombia y Ecuador, pero el objetivo comunitario es lograr que todos los países se acojan a un régimen común que permita desarrollar más adelante los contratos y las tran-sacciones de interconexiones internacionales de electricidad.
Además, se cuenta con el valioso apoyo del BID, que es el organismo financiador del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), proyecto que tiene por objetivo estructurar un nuevo marco general para la integración de los mercados de electricidad del área andina.
El SINEA fue creado en 2011 durante una reunión de Ministros de Energía de los cuatro países de la CAN y de Chile, quienes suscribieron la Declaración de Galápagos; y desde entonces las reuniones del CANREL y del SINEA se han articulado al punto que en septiembre de 2012 fue aprobada la realización de dos estudios: uno de armonización regulatoria, y otro de planificación de la infraestructura, ambos financiados por el BID. Es bueno precisar que Bolivia es únicamente miembro observador en el SINEA, pero ha participado en todas las reuniones. Recordemos también que la República de Chile tiene la condición de país asociado de la CAN desde el 2006.
El apoyo financiero del BID resulta vital para el avance que ha tenido hasta la fecha el proceso de planeación, diseño de infraestructura, fortalecimiento institucional y coordinación regional. Dicho apoyo podría extenderse incluso al diseño del Sistema de Información de la Red Eléctrica Andina (SIREA), instrumento que también resulta vital para el futuro desarrollo del mercado de la electricidad en la subregión.
El fortalecimiento de la integración física del territorio comunitario andino es una acción fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos. La energía, en este caso concreto la electricidad, traerá mejores condiciones de vida a cientos de poblaciones.
Contar con un marco normativo que sirva más adelante para un fluido intercambio comercial de energía eléctrica es un caro anhelo de todo mecanismo de integración. En Latinoamérica existen ya varios casos de acuerdos binacionales en esta materia, mientras que los países de Centroamérica y México han conformado el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), privilegiando así el acuerdo multilateral.
De aprobarse la mencionada Decisión en el seno de la Comunidad Andina durante este año, la demanda y la oferta de electricidad (sea de actores públicos o privados) tendrá una plataforma de armonización regulatoria y técnica que sin duda pondrá nuevamente a la CAN en la ruta de lograr la ansiada interconexión eléctrica en la región andina.
* es secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) .
