El debate sobre el uso de $us 150 millones del Fondo de Pensiones para apoyar a productores agropecuarios no está contribuyendo a una reflexión sobre las mejores maneras de apoyar la diversificación de la economía. No hay que seguir confundiendo a la opinión, sería más constructivo discutir con seriedad sobre los mecanismos de asignación y de garantías en este asunto.
La decisión del Ejecutivo de crear un fondo de apoyo para medianos y pequeños productores agrícolas con un pequeño porcentaje del Fondo de Pensiones es positiva, considerando que puede aportar al desarrollo de un sector que genera miles de empleos, contribuye a la diversificación de las exportaciones y es el corazón productivo de una región clave.
Se suele criticar al Gobierno por su predilección por acciones que se concentran en el fortalecimiento de empresas estatales, desatendiendo a los emprendimientos privados que son los que crean más empleos. No sería, por tanto, razonable censurar una iniciativa que apunta a atender a un importante grupo de emprendedores, realizada además en estrecha coordinación con las organizaciones de ese sector.
Lamentablemente el tono del debate se ha degradado, por la radicalidad y oportunismo de muchas de las voces que se oponen a esta decisión y por la falta de claridad en las explicaciones de los voceros oficialistas. Nada demasiado fuera de los estándares habituales, pero que entristece por ser una nueva oportunidad perdida para conversar y realizar una pedagogía entre la población sobre los retos del financiamiento a las iniciativas privadas en el país.
El debate ha tomado, a ratos, un cariz extraño cuando se cuestiona la idea con el argumento de que se estaría utilizando abusivamente recursos de los ahorros previsionales de los trabajadores para financiar a empresas privadas, opinión que es por supuesto legítima, pero que en la práctica viene ocurriendo corrientemente desde la reforma previsional de 1996.
De hecho, la lógica de cualquier sistema de fondos de pensiones, sin importar si su gestión es privada o pública, tiene que ver con obtener rendimientos que los hagan crecer, los cuales difícilmente se lograrán manteniéndolos debajo del colchón. De igual manera se especula sobre el elevadísimo riesgo en el sector agropecuario, sin reparar en que no hay inversión con riesgo cero y sin sostener esa afirmación con datos sólidos sobre el desarrollo de esas actividades y no apreciaciones al vuelo de pájaro sobre lo agreste que es el clima en Bolivia.
No se trata de negar la necesidad de un necesario debate sobre un tema que concierne a los ahorros de todos, pero sería más constructivo analizar por ejemplo los mecanismos que garanticen que habrá evaluaciones profesionales de las inversiones que accedan a esta facilidad o los esquemas de garantías que las acompañarán. Un debate sustantivo sobre una cuestión de futuro.
