Un nuevo conflicto municipal ha acabado en hechos de violencia y de vandalismo, esta vez en la localidad de Achacachi. Preocupa la debilidad de los entes estatales encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos, que aparecen nuevamente sobrepasados. Pero también la incapacidad de las instituciones y actores políticos locales para resolver democráticamente sus conflictos.
Durante varios días, los pobladores de Achacachi han vivido jornadas de zozobra por la agudización del conflicto entre dos grupos locales en torno a la gestión del municipio. Se han producido agresiones, quemas de vehículos y asaltos a viviendas y locales comerciales, en una espiral de intolerancia y de retaliaciones que preocupa. Similares desbordes se han producido en otros conflictos municipales a lo largo y ancho de la geografía nacional en estos años.
La Policía, la Justicia y otras instancias estatales de mediación han aparecido nuevamente desbordadas. No es admisible que se haya tenido que sufrir violencias graves por dos días consecutivos sin que el Estado las haya prevenido y evitado. La búsqueda de un diálogo entre las partes no exime a las autoridades de hacer un uso proporcional de la fuerza pública cuando se trata de evitar daños a la población civil. Una vez pasada la violencia, se esperaría, por lo menos, que la sanción a todos los responsables de estos actos sea severa y oportuna, pues la impunidad contribuye a que estos comportamientos se generalicen.
Sin embargo, sería injusto observar únicamente las limitaciones de la institucionalidad nacional, hay que cuestionar la irresponsabilidad de los actores políticos locales y la fragilidad de los mecanismos de participación y control social municipal que se están revelando incapaces de resolver autónomamente sus conflictos. A más de dos decenios de iniciado el proceso de municipalización, es desalentador ver cómo se multiplican los casos de ingobernabilidad en muchos municipios y se desvirtúan los instrumentos de control social para usarlos en la defensa de intereses parciales.
Detrás de estos conflictos se ocultan frecuentemente luchas de grupos con intereses particulares que buscan controlar los recursos del municipio y que utilizan las membresías partidarias según sus necesidades. Los propios partidos nacionales deberían ser los más preocupados de combatir estas lógicas. Parte de la solución pasa, por tanto, por revitalizar la participación amplia de los ciudadanos en las instituciones municipales y por luchar con mayor ahínco contra la corrupción de los grupos de poder local que medran de los recursos públicos. Y éste no es un problema de oficialistas u opositores, el cáncer de la ingobernabilidad municipal los está debilitando a ambos y con ellos a todos los ciudadanos.
