Días atrás, la Gobernación de La Paz emitió la Resolución 1059, que delimita el territorio del municipio de Palca. En el documento se establece que de las áreas en disputa entre ese municipio y el de La Paz, este último se queda con 12 de ellas y Palca con otras dos más una parte de la zona llamada Pedregal. Parece ser una medida acertada, sin embargo será resistida.
En efecto, la resolución del Gobierno Departamental paceño donde se establece que pertenecen a la jurisdicción de La Paz las zonas de Ovejuyo (desde la Calle 60), Auquisamaña, Cota Cota, Chasquipampa, una parte de Pedregal, Achumani (incluidos los ríos Lakka Kkollu y Chiar Kkollu), Alto Irpavi, Chicani, Pampahasi, Chinchaya, Hampaturi, y la Muela del Diablo; y a Palca Wilacota, Apaña y parte de Pedregal, debe ser evaluada por el Viceministerio de Autonomías, donde el municipio de Palca pretende presentar una apelación.
El conflicto entre ambos municipios tiene más de dos décadas: Palca reclama su derecho sobre una parte del territorio que La Paz dice tener bajo su jurisdicción, basando su reclamo en títulos ejecutoriales entregados hace décadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mientras que el gobierno local de la sede de gobierno, en la Ley 1669, que define sus límites, aunque carece de mapas.
De resolverse el conflicto, la resolución debería ser enviada al Instituto Geográfico Militar para que allí se elaboren los mapas oficiales, así como a la Asamblea Legislativa Plurinacional donde deberá tramitarse una ley de delimitación. Antes de llegar a este punto, la Gobernación auspició diálogos entre ambos gobiernos municipales, que no prosperaron.
A lo largo de un año y medio, según afirmó el Gobernador, el equipo de la Dirección de Límites de la Gobernación estudió el criterio de la población que habita en las zonas en disputa, a través de entrevistas realizadas en todas y ellas, y los accidentes naturales que separan a ambas jurisdicciones.
Aunque todavía falta conocer en detalle el resultado de la indagación entre vecinos sobre su preferencia por pertenecer a uno u otro municipio, la tendencia parece ser a favor del más grane: La Paz. Y no es descabellado pensar así cuando toma en cuenta, por ejemplo, casos como el recientemente ocurrido en Auquisamaña, en el que el Gobierno Municipal de Palca, que reclama tener jurisdicción en la zona, no apareció ni siquiera para ofrecer solidaridad.
El trámite para establecer el límite real y legal entre La Paz y Palca será todavía largo, y más si se considera el gran trabajo que demandará modificar las aprobaciones de uso de suelo y construcciones hechas en un municipio y que ahora pertenecen al otro. Aquí, el verdadero mérito no estará en tener fronteras claramente demarcadas entre uno y otro municipio, sino en establecer un trabajo real y eficaz para lograr la metropolización, verdadero horizonte del desarrollo urbano.
