Está en puertas de ser promulgada la Ley de la Coca, que, en alguna medida, deroga parte de la Ley 1.008, vigente desde 1988. La normativa, que derivó de un breve y contundente conflicto la semana pasada, establece la ampliación de cocales legales en el país de 20.000 a 22.000 hectáreas, incluidas las 12.000 iniciales previstas en la antigua norma antidrogas.
En el último tiempo, la producción del arbusto creció de hecho como consecuencia de conflictos y consiguientes acuerdos entre cocaleros y el Gobierno, especialmente uno de la administración de Carlos Mesa, de un “cato por familia”, que incrementó 7.000 hectáreas, y otro de la necesidad de industrializar que arguye constantemente el presidente Evo Morales. Ante la ley en ciernes, la producción legal es de 20.000, inclusive.
Con relación a la Ley 1.008, promulgada en una época de intensas relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, con el nuevo cuerpo legal la coca legal en el departamento de La Paz tendrá un límite de 14.300 hectáreas, mientras que la del trópico de Cochabamba, 7.700. Esas 22.000 se encuentran fuera de los protocolos internacionales, por las que aún no se han expresado los organismos multilaterales involucrados en el control de la producción de coca y la lucha contra el narcotráfico.
Aunque un estudio del Gobierno —con el apoyo de la Unión Europea— establece 14.705 hectáreas de coca para el consumo interno, no hay otro que justifique la ampliación de la producción legal inscrita en la que será la Ley de la Coca. El domingo, el ministro César Cocarico argumentó que esa adición se sustenta en la necesidad de industrializar y comercializar la hoja, que, en su criterio, será doblada a partir de dicho incremento.
La necesidad o no de aumentar los cultivos legales siempre fue motivo de conflicto político; pasó antes como ahora. La oposición al Gobierno considera que ese nuevo incremento tiene correlación con el narcotráfico, que se alimenta especialmente de la producción del Chapare.
Independientemente de esas percepciones políticas, la administración de Morales deberá plantearse un serio estudio para validar la cifra de coca legal necesaria, que tome en cuenta el crecimiento del consumo interno, la materia prima para la industrialización y la filtración del producto hacia actividades ilícitas, que en el tiempo han “mejorado” sus técnicas de producción y de contrabando. Paralelamente, debería también instaurar políticas contundentes para el control de la producción, tanto en el nivel estatal como en las comunidades productoras, y la interdicción al narcotráfico, más allá de “nacionalizada” lucha antidrogas. Una producción controlada del arbusto, con un marco legal fuerte y una capacidad operativa efectiva sería un mecanismo esencial para esta tarea; la coca, más allá de su uso tradicional, es un serio riesgo para la seguridad interna.
