Con evidente retraso, la temporada de lluvias parece haber llegado a La Paz. Las precipitaciones pluviales, que no han sido torrenciales, sino menudas y constantes, volvieron a causar desastres naturales y pérdidas materiales. Es bien sabido que esa es la realidad en un territorio como el de la sede de gobierno y sus alrededores; hay que actuar en función a ello.
El desastre de Auquisamaña y otras emergencias menores ocurridas en la última semana nos recuerdan de modo fehaciente que buena parte de la ciudad se levanta sobre suelos inestables, a lo que se suman los defectos constructivos, incumplimiento de las normas y hasta, en algunos casos, lenidad de las autoridades llamadas a ejercer el control. Todo ello crea una particular precariedad.
Agréguese a ello el interminable conflicto por límites que se tiene con los municipios vecinos, lo que implica innumerables problemas para la dotación de servicios —y por tanto, para el acceso de la población a sus derechos—. En este caso, se ha visto los últimos días, el propio Estado se muestra insensible y lento pese a la existencia de una ley para resolver ese tipo de conflictos.
Sin embargo, incluso si se llegara en un futuro próximo a resolver la disputa por la demarcación exacta de los límites jurisdiccionales de las ciudades que conforman la gran cuenca de esta región, seguiría habiendo una desproporción en la capacidad institucional y financiera de los municipios, lo cual podría ser fuente de nuevos conflictos sociales.
Tómese por ejemplo los casos de deslizamientos, derrumbes y otros desastres naturales ocurridos en zonas de la ciudad que están en disputa entre municipios. Ha sido el Gobierno Municipal de La Paz el que en todos los casos ha intervenido con sus técnicos y obreros. Por una parte es evidente que le corresponde hacerlo si reclama jurisdicción sobre ese territorio, pero por la otra se hace evidente que los municipios vecinos carecen de la capacidad para responder a las emergencias, que en el caso de la sede de gobierno se está construyendo hace décadas.
Es cierto, como dijimos días atrás, que urge encarar el reto de la metropolización, pues a pesar de lo difícil que será lograr acuerdos, el resultado puede ser una gestión más eficiente de los recursos, tan escasos en épocas como la presente, cuando la dependencia de la renta petrolera es tan grande que causa severos desajustes y recortes en los presupuestos públicos.
Mágica y diversa como es, La Paz también es terriblemente difícil de gestionar. Puede parecer que la complejidad aumentaría con la creación de una región metropolitana, pero ello exigiría de los gobiernos locales y sus respectivas poblaciones hacer esfuerzos conjuntos para encontrar una solución, pues lo contrario solo significará incrementar los riesgos sobre la ciudad más importante del país y sus vecinos.
