A principio de año, en un acto solemne, muy celebrado, se realizó la posesión de las autoridades del primer autogobierno indígena del país, en Charagua Iyambae. Dos meses después, el proceso afronta problemas y desafíos para la gestión pública. Como era previsible, no será fácil implementar el estatuto autonómico y dejar atrás la huella del municipalismo.
Tras un largo recorrido iniciado con un referéndum en diciembre de 2009, al amparo del derecho constitucional a la libre determinación, la población del municipio de Charagua en el departamento de Santa Cruz decidió por voto mayoritario convertirse en autonomía indígena. Luego, con liderazgo de las cuatro capitanías guaraníes, elaboraron su estatuto autonómico que, tras la declaración de constitucionalidad, fue aprobado en otro referéndum en septiembre de 2015, asumiendo el reto del autogobierno.
Si bien es temprano para evaluar este proceso, las primeras señales son preocupantes. El autogobierno indígena de Charagua Iyambae nació con el claro mandato de una gestión pública que produzca mejores resultados, para sus habitantes, en comparación a lo que fue el hoy extinto gobierno municipal. El problema es que los primeros pasos van tropezando con límites estructurales, por un lado, y divergencias internas, por otro. El caso muestra la complejidad del diseño institucional de las autonomías.
En cuanto a los límites estructurales, la principal constatación es que todo el armazón estatal, en especial sus sistemas de administración y gestión en el marco de la Ley Safco, está enfocado en el ámbito local hacia el municipalismo. Ello implica que, con una limitada comprensión de la cualidad del autogobierno indígena —muy diferente al gobierno municipal—, se ponen varios escollos a una gestión pública intercultural que responde a otros principios, sistemas, prácticas y saberes. Y la bloquean.
A ello se añaden divergencias internas en un territorio, como Charagua Iyambae, que alberga a pobladores de cuatro zonas guaraníes, un centro urbano con predominio de los “karai”, otro centro urbano de migrantes aymaras y quechuas, y una fuerte colonia menonita. Un territorio no solo inmenso sino con diferentes intereses, incluidos los de empresas petroleras, ganaderos y hacendados. Sin contar las presiones políticas, en especial desde la Gobernación de Santa Cruz controlada por los Demócratas.
El desafío del autogobierno indígena es ciertamente difícil, como lo demuestra esta primera experiencia. Y es que además de la voluntad y convicción de las naciones y pueblos que han optado por el camino de la autonomía indígena según normas y procedimientos propios, se necesitan condiciones y recursos. De otra forma, los avanzados estatutos, como los ya vigentes de Charagua Iyambae, Uru Chipaya y Raqaypampa, tendrán serias dificultades en su implementación. Valga por ello esta alerta temprana.
