Como era previsible, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), a través de uno de sus voceros, salió rápidamente a la palestra pública para desahuciar el proyecto de nuevo Código del Sistema Penal que, entre otras importantes reformas, establece algunas circunstancias críticas para la interrupción voluntaria del embarazo. Esta oposición de la jerarquía eclesial se hace con descalificativos en nombre de Dios, pero sin argumentos. ¿Por qué la cúpula de la CEB no quiere ni siquiera debatir sobre un derecho fundamental, reconocido en cada vez más países garantistas, que beneficia a las mujeres? Lo hace en nombre de la moral y de la vida, que “es de Dios”. Lo que no han podido explicar hasta ahora es por qué no defienden con la misma vehemencia el derecho a la vida de miles de mujeres que mueren por abortos clandestinos mal practicados y bajo el estigma de su penalización.
“Para mentalidades ateas…”, empieza su descalificación el vocero de la CEB. Como si la vida y los derechos fueran cuestión de creyentes o no creyentes. Y luego interpela a los asambleístas “que votan a veces sin leer incluso los proyectos de ley” (sic). Ya va siendo hora que, en este tema, los jerarcas hombres de las iglesias reparen más en la realidad. Y que las y los representantes asuman sin matices que Bolivia es un Estado laico que garantiza derechos.
