La visita del sociólogo español Manual Castells a Bolivia la anterior semana fue, sin lugar a dudas, una oportunidad estimulante para escuchar a un profesor universitario preocupado por las dinámicas en red que suceden en internet. Quiero comentar uno de los aspectos mencionados por el profesor que no ha sido suficientemente destacado por los medios: la imposibilidad del control de los mensajes que interactúan en internet debido a la autonomía de estos espacios de red y su contracara, la vigilancia.
Ya nos ha tocado este debate en el país. Hemos presenciado varias voluntades para controlar las redes sociales y, en el debate, nos hemos dado cuenta de que ese control es imposible por la cantidad de emisores de mensajes (lo que hace difícil la tarea por su dimensión), y porque el lugar donde se emiten esos mensajes es privado y externo al país, así como el contrato que norma las relaciones en estos espacios. El control no es posible, pero la vigilancia de nuestras interacciones en internet por empresas privadas y gobiernos sí lo es. Castells ha remarcado y ha mencionado también la importancia de la sociedad civil para denunciar la vigilancia y defender el derecho a la privacidad en internet.
En Bolivia la vigilancia estatal ya tiene una expresión en las cientos de cámaras urbanas que graban nuestras acciones en el espacio público con la justificación de la seguridad ciudadana. No puedo decir que estoy en contra de las cámaras (han logrado dar pruebas de varios delitos hasta ahora), pero la ciudadanía ignora qué está permitido hacer con esas imágenes legalmente y qué no. No sabemos si se vulneran nuestros derechos a la privacidad con estos sistemas. Por otro lado, no tenemos más indicios de vigilancia tecnológica de parte del Estado en Bolivia, pero la naturaleza de los gobiernos en general, dice el profesor, se dirige a ejercer vigilancia. Ya veremos en el futuro lo que sucede en este tema.
En cambio, la vigilancia en los sitios en que navegamos está sucediendo impunemente; y en la mayor parte de los casos, con nuestro permiso, haciéndonos previsibles y medibles como colectivo. Empresas de internet acceden a la información de nuestros datos biométricos, hábitos, intereses políticos, emociones, preferencias y malestares.
Estamos en una situación en la que, dice Renata Ávila, guatemalteca experta en tecnología y activista comprometida con los derechos digitales: “los medios que leemos nos leen; las cosas que escuchamos nos escuchan”.
Y esto sucede sin que apenas nos percatemos y casi no nos importe. Se pregunta Renata: “¿Seremos la última generación que pudo caminar en un espacio público sin que sensores y cámaras grabaran y monetizaran cada uno de sus pasos?”.
