El inamovible posicionamiento de las iglesias en torno al proyecto de nuevo Código del Sistema Penal, que en un artículo establece diferentes causales para la interrupción voluntaria del embarazo, está encubriendo al menos tres falacias. La primera, tramposa, tiene que ver con “la defensa de la vida”. Aquí no hay monopolio. Lo evidente más bien es que tanto quienes se oponen al aborto como quienes lo asumen como un hecho innegable de la realidad defienden la vida.
No es un dato menor que cientos de mujeres mueran al año por abortos clandestinos mal practicados. La segunda falacia radica en la forzada oposición entre antiaborto y “proabortistas”. Nada más falso. La realidad muestra que, por diferentes razones, la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión extrema, y que no se alienta de manera frívola el aborto ni menos se lo asume como método anticonceptivo.
La tercera tiene que ver con que estaríamos ante una inminente “despenalización” del aborto. Mentira. La penalización y la criminalización del aborto lamentablemente continúan vigentes en el país, lo que bloquea el derecho al acceso a la salud, especialmente de mujeres pobres que mueren por ello. Urge despejar estas falacias a fin de alentar un debate público informado y evitar distorsiones sobre un tema de suyo complejo y sensible.
