Con la entrega formal, el miércoles, de la carta de la primer ministro británica, Theresa May, al Consejo Europeo, en la que invoca el Art. 50 del Tratado de Lisboa, ha comenzado formalmente la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea, un proceso que se perfila largo y complejo, pues no existen antecedentes de una salida similar y hay muchos intereses de por medio.
En esta primera etapa del brexit son dos los grandes debates que se deben abordar: las condiciones del “divorcio” del Reino Unido de la eurozona y las relaciones futuras entre ambos bloques. Londres aboga por tratar estas dos discusiones de manera simultánea, con el fin de intercambiar “fichas” que operen a su favor. Sin embargo, Bruselas insiste en concretar primero la separación antes de configurar una relación futura, y previsiblemente será esta la posición que al final prevalezca.
Respecto a las condiciones del divorcio, los expertos coinciden en que son tres los asuntos más sensibles, aunque no son los únicos. En primer lugar están las cuentas pendientes. La Comisión Europea se ha adelantado en este asunto calculado, de oficio, el monto que el Reino Unido deberá abonar al bloque comunitario tras su salida, unos $us 60.000 millones de euros, por proyectos ya comprometidos pero cuyos pagos aún no han sido asignados y las pensiones de los funcionarios europeos, entre otros. No obstante, en lugar de discutir una cifra concreta, los negociadores han acordado pactar un método de cálculo, a fin de evitar fricciones innecesarias.
Otro punto sensible son las fronteras exteriores entre la UE y el Reino Unido tras la ruptura, y en particular en Irlanda del Norte y en Gibraltar, donde existen límites terrestres entre ambos bloques. Se teme que un muro entre Irlanda y su vecina del norte pueda reavivar enemistades pasadas. Asimismo se da por sentado que las aspiraciones independentistas de Escocia van a resurgir con mayor fuerza.
Sin embargo, el asunto más complejo es la situación, presente y futura, de los ciudadanos comunitarios que viven el Reino Unido, unos 3,3 millones, así como de los británicos que residen en la eurozona, aproximadamente 1,2 millones. Bruselas y el Gobierno británico coinciden en que se deben respetar y reconocer los derechos de estos ciudadanos. Empero, precisamente la bandera de quienes promovieron el brexit fue la necesidad de restringir el ingreso de inmigrantes al Reino Unido y que el Estado británico se preocupe principalmente de sus ciudadanos. A su vez, la UE ha sido bastante clara en que Londres no puede pretender gozar de los beneficios que implica acceder al mercado comercial más grande del mundo sin reconocer la libre circulación y los derechos de los ciudadanos comunitarios. Dos visiones contrapuestas que necesitan encontrar puntos intermedios con miras a una salida pacífica para un divorcio cuya resolución se perfila en extremo complicada y dolorosa.
