Entre las innovaciones que se pretende incorporar en el todavía inconcluso proyecto de Código del Sistema Penal, una ha puesto en alerta a las organizaciones de ganaderos del país, pues implica reducir las sanciones previstas para quienes cometan abigeato, el delito de robar ganado. Para las organizaciones de ganaderos, esto resultará en un incremento de este delito.
En efecto, en las últimas semanas los gremios de ganaderos del país se han declarado en emergencia tras conocer el proyecto de ley, en el que se establece que la persona que robe un animal cuyo valor esté “por encima de los tres salarios mínimos”, es decir Bs 5.400, recibirá sanción de “mínimo de prestación de trabajo de utilidad pública de 13 semanas hasta un máximo de cinco años de prisión”.
El problema, afirman los ganaderos de Beni y Pando, a través de la portavoz de su federación (Fegabeni), es que, por una parte, la mayoría de los animales tiene un valor inferior al señalado en el proyecto normativo, lo que significará que los más afectados serán los ganaderos pequeños, cuyas reses valen menos y por tanto estarán menos protegidas ante eventuales robos.
Por otra parte, precisamente por estas razones, en la Cumbre Agropecuaria de 2015 el sector había pedido que se revisen las penas para el robo de ganado y se incrementen, de los uno a cinco años previstos en el Código Penal en vigencia, a los ocho a 12 años. La orientación, garantista y plausible desde una mirada filosófica del derecho, significará en los hechos, dice el portavoz de los ganaderos cruceños, que “el robo de ganado será uno de los delitos que crecerá en Bolivia”.
Según estiman los ganaderos, el sector pierde cada año $us 25 millones, pues junto al ganado bovino, caballar, mular, asnal, porcino, caprino o lanar, los delincuentes roban también maquinaria y ponen en venta en el mercado la carne a un precio menor que los ganaderos. Asimismo, muchos casos de robo de ganado no son reportados, pues los ladrones amedrentan a las familias afectadas. Es tan grande el costo del abigeato, dicen los ganaderos, que supera el de los brotes de fiebre aftosa. Y los más afectados son quienes tienen sus propiedades cerca de las carreteras o caminos principales. Por ello, los portavoces del sector piden que la imputación sea no solo para quien roba el ganado, sino también para los que se involucren en el transporte, comercio o escondite de los animales robados.
No será fácil equilibrar la filosofía garantista que caracteriza al proyecto del sistema penal con las necesidades manifiestas de éste y otros sectores, particularmente allá donde la presencia del Estado es poco activa y eficaz. Sin duda, el único modo en que estas ideas no solo prosperen, sino que sirvan de algo, será con una reforma de la Justicia que verdaderamente acerque a sus operadores y administradores hasta donde están las personas que la necesitan.
