En la reunión cuadragésima octava de cancilleres de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), realizada el 9 de mayo, fue aprobada la Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la Decisión 819. Esta importante norma de la CAN responde al interés de los países por generar mayor coordinación y cooperación en la gestión del riesgo de desastres. Es también una respuesta frente a la amenaza de catástrofes naturales a las que nuestra región es cada vez más vulnerable por el cambio climático.
Durante el 2016, el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (Caprade) revisó el texto de la estrategia que ahora se convierte en decisión y tiene el carácter de norma comunitaria supranacional. Entre los principales ejes temáticos del documento destaca el interés de fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres en el plano nacional y en el subregional. Asimismo se busca una mayor inversión pública y privada orientada a la reducción del riesgo, mediante la identificación de las zonas vulnerables y la consecuente aplicación de medidas estructurales.
Los Estados miembros de la CAN buscan incrementar las medidas de preparación ante desastres en todos los niveles, con el fin de contar con una respuesta eficaz en las fases de atención primaria, rehabilitación y reconstrucción, hasta conseguir la total reactivación económica de una zona que ha sido sometida al impacto de una catástrofe.
El documento incorpora un recuento de eventos catastróficos notables como los sismos en Perú en 2001 y 2007; el sismo del eje cafetero de Colombia (1999); los terremotos en Ecuador de 1987 y el reciente de abril del pasado año; las inundaciones en Bolivia (1983, 1993, 2007 y 2008) asociadas a los fenómenos climatológicos de El Niño y La Niña. Todos ellos han acarreado pérdidas de vidas humanas, graves daños a la biodiversidad, pérdidas económicas y otros fenómenos asociados que han desestabilizado planes y opciones de desarrollo de sectores empobrecidos.
Este mismo año (2017) los fenómenos naturales han castigado a Perú con gran dureza, con enormes deslizamientos de tierra y la crecida de ríos que han cobrado vidas y generado destrucción en la infraestructura y en viviendas. En Mocoa (Putumayu, Colombia), el 1 de abril se produjo un deslizamiento de lodo y piedras con graves consecuencias: más de 300 muertos y un número similar de desaparecidos.
El elevado riesgo de desastres en la subregión andina se debe a las particularidades del territorio: riesgo sismológico en la zona contigua al Pacífico, erupciones volcánicas en la zona montañosa, inundaciones en áreas más propensas a precipitaciones pluviales o en aquellas que reciben la descarga pluviométrica de las montañas. Y a ello hay que agregar las heladas en la zona altiplánica y las sequías que afectan por igual a valles, altiplano y llanura.
Por estar afectados todos nuestros países a las mismas amenazas, la aprobación de una estrategia común cobra mayor relevancia. La Decisión 819 convoca a una responsabilidad compartida en la gestión del riesgo de desastres, esto es que los gobiernos deben articular tareas con la sociedad civil de cara a priorizar las tareas de prevención.
La Estrategia Andina asume que las experiencias adquiridas en las tareas de respuesta ante un desastre deben reforzar la preparación en casos de desastres a fin de ofrecer respuestas más eficaces y garantizar una mejor reconstrucción, incluyendo una mejor coordinación con la comunidad internacional que muchas veces es convocada a apoyar las tareas de reconstrucción.
* es secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
