El desempeño de la economía nacional depende en alto grado del contexto económico y geopolítico global. Cuando ocurren desplazamientos y pugnas hegemónicas en la esfera política internacional, así como cambios de signo en los términos del intercambio y en las condiciones de la demanda internacional (que se manifiestan de diversas maneras en la situación de la balanza de pagos del país), se hace obviamente imprescindible el análisis de las opciones disponibles para responder de forma apropiada a las nuevas circunstancias, que no están sometidas a nuestro control.
La convocatoria de la Cámara Nacional de Industrias a un foro sobre el tema de los desafíos y oportunidades para el desarrollo de Bolivia en el nuevo contexto mundial fue una excelente oportunidad para iniciar un debate informado sobre tan importante materia. En el evento se pusieron claramente en evidencia las grandes diferencias en cuanto al desempeño de las distintas economías de América del Sur bajo el mismo contexto de elevados precios de las materias primas y los productos básicos entre 2003 y 2014. Los expositores coincidieron además en que la onda expansiva de la economía mundial ya ha sido reemplazada por una onda recesiva de larga duración, y asimismo en que los países latinoamericanos en conjunto no aprovecharon mayormente el periodo de bonanza externa para cambiar su patrón de inserción internacional hacia una pauta de crecimiento impulsada por aumentos sostenidos de la productividad.
En cuanto a la situación del país, con la cautela necesaria se puede sostener que también se percibieron coincidencias en que los fundamentos macroeconómicos todavía no se han debilitado al punto de hacer necesarias medidas traumáticas. De ahí que se pueda aprovechar tal circunstancia para llevar a cabo un viraje estratégico adecuadamente preparado y consensuado, con políticas e instrumentos diferenciados para el corto, mediano y largo plazo. No es lo que está ocurriendo, sin embargo, en la realidad, como lo demuestran las medidas contradictorias que han adoptado las autoridades gubernamentales en las pasadas semanas, inspiradas al parecer en objetivos de clara índole política.
El 1 de mayo se adoptó un incremento salarial del cual las propias autoridades reconocen que afectará negativamente la situación del empleo, alentará un aumento de la informalidad y podría traer consigo el cierre de empresas. Aparentemente con miras a mitigar tales consecuencias, se ha aprobado un plan de empleo de emergencia, idéntico al que se aplicó en el contexto de la estabilización ortodoxa de 1985, no obstante que las condiciones macroeconómicas ahora difieren radicalmente de las que existían hace 30 años.
Por otra parte, se ha modificado el encaje legal con miras a aumentar la liquidez del sistema financiero, a fin de que pueda otorgar mayores volúmenes de crédito para la inversión del sector privado. Y al mismo tiempo se inició, y luego se interrumpió, la discusión de una ley destinada a habilitar a los trabajadores para que asuman la gestión de empresas quebradas.
Las cuatro medidas no guardan ninguna coherencia entre sí, ni parecen responder a una misma orientación de política económica. Contribuyen, en cambio, a provocar incertidumbre, expectativas negativas y movimientos especulativos absolutamente inconvenientes en el contexto de oportunidad descrito más arriba.
En vista de las turbulentas situaciones políticas en nuestro entorno vecinal, las mediocres perspectivas económicas externas y el debilitamiento de nuestros propios parámetros económicos y políticos internos, el Gobierno tendría que reflexionar sobre las prioridades realistas que tiene a su alcance en los próximos años, y adoptar las decisiones correspondientes. Y al respecto cabe recordar que la confusión es mucho peor que el error.
Es economista.
