La semana pasada, la Asamblea Legislativa decidió declarar desierta la convocatoria para postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia. Esta decisión se debe a que, para el proceso de preselección de candidatos, no se llenaron los cupos que exige la ley, sobre todo de mujeres e indígenas. De los 325 candidatos/as habilitados para la siguiente etapa, tan solo 94 son mujeres y 77 se autoidentificaron como indígenas.
La pregunta que nos hacemos todos es, después de tantas luchas por participar y alcanzar la paridad en el mundo público, ¿por qué tan pocas mujeres e indígenas se postularon a las elecciones judiciales? Intentaré compartir algunas ideas que nos permitan abrir el debate. Solo me voy a referir a las mujeres por ser el tema con el que tengo familiaridad, pero estoy segura que muchos de estos argumentos se pueden extrapolar a los/as indígenas.
En Bolivia la participación de las mujeres como ciudadanas plenas es muy reciente. Las mujeres fueron y siguen siendo socializadas para ocuparse de las labores “propias de su sexo”, que tiene relación con el gobierno del hogar, aseo de la casa y cuidado de niños. En resumen, todas aquellas labores que liberan el tiempo de los hombres para ocuparse de “lo importante”, en este caso, lo público. Michelle Obama ilustra esta expectativa social sobre las mujeres cuando recuerda: “La maestra le preguntaba a mi hermano ‘¿qué carrera quieres estudiar?’, pero a mí me preguntaba ‘¿con qué tipo de hombre te quieres casar?’”.
Esta socialización opera muy eficientemente para “convencer” a las mujeres de su supuesta incapacidad para participar en política, manteniéndolas al margen de ésta. Esto explica que muchas mujeres muestren inseguridad al momento de competir, sintiendo que no cumplen con los requisitos meritocráticos necesarios y enfrentando desconfianza a ser evaluadas por miedo al ridículo. Muchos estudios han demostrado cómo mujeres mejor capacitadas y con experiencia no logran vencer su turbación al hablar en público. Y es que todavía lo público constituye un medio hostil para las mujeres.
Y de esta hostilidad surge la tercera razón por la que muchas mujeres no quieren postularse a cargos públicos. Y tiene que ver con la eficiencia con que opera el acoso político y sexual como bloqueador para el desempeño público de las mujeres. Y es que la integración de las mujeres al mundo público todavía implica enfrentarse con un mundo hostil donde no es bienvenida y cotidianamente se cuestiona la legitimidad de su presencia. A esto se suman los 346 casos de acoso político denunciados que se mantienen en la impunidad, convirtiéndose en eficaces disciplinadores contra la presencia de mujeres.
Así, las mujeres en el mundo público deben elegir entre buscar la igualdad a través de un modelo de liderazgo masculino que las convierte en “mujeres con bigote”, o refugiarse en su diferencia, es decir, ocuparse solo de problemas femeninos, niños y minusválidos, con lo cual serán políticas “de segunda”. Y es que en nuestra política todavía la cultura de la exclusión goza de buena salud.
La ausencia de mujeres en las elecciones judiciales nos demuestra que reconocer la igualdad de hombres y mujeres en la nueva Constitución Política del Estado y buscar la paridad en la representación es solo el primer paso de un largo proceso de cambio de mentalidad que permita avanzar hacia un sistema en el que auténticamente haya igualdad de oportunidades.
