Varios sectores han rechazado el aumento de tarifas de electricidad anunciado por las autoridades, preocupados por sus impactos en los costos de las empresas y los gastos domiciliarios. Sin embargo, resulta importante considerar también las necesidades financieras de las firmas generadoras y transmisoras de electricidad, fundamentales para crecer y ser sostenibles.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad autorizó un aumento de hasta 3% en las tarifas de electricidad, luego de que las empresas del rubro presentaran una actualización de sus costos de operación y mantenimiento. Se trataría de un procedimiento regular de revisión semestral, vigente desde 2001.
A pesar de ello, el anuncio de este incremento ha motivado pronunciamientos de representantes del sector industrial, preocupados por su impacto en los costos de producción; así como de organizaciones vecinales, que lo han calificado como atentatorio contra la economía de las familias. Y ambos sectores han solicitado que se congelen las tarifas. A su vez las autoridades han argumentado que el aumento es bastante moderado, que Bolivia tiene tarifas bajas en relación a otros países de la región, y que está vigente la Tarifa Dignidad, que beneficia a las familias con bajo consumo con un descuento del 25% en las tarifas de energía.
Es comprensible la preocupación social ante cualquier anuncio de incremento de tarifas de servicios básicos, sobre todo en una coyuntura económica de menor dinamismo. En esos casos, la salida más fácil y popular suele ser congelar precios. Sin embargo, no hay que olvidar que la producción de energía tiene un costo, y que su transmisión y distribución implican gastos que alguien debe asumir. Y si éstos no son financiados por los consumidores, usualmente es el Estado el que tiene que pagarlos con recursos generados por los impuestos o alguna otra renta.
Hay dos modelos contrapuestos en este rubro. Por un lado está la subvención estatal de energía. Es el caso de países con grandes rentas petroleras, en los que el consumidor casi no paga por el servicio. Esto mientras el Estado tiene recursos extraordinarios, pero cuando caen los ingresos, surgen crisis en estos servicios. En otros países las operaciones e inversiones son pagadas por los consumidores casi en su totalidad; lo que da lugar a servicios caros y excluyentes.
En Bolivia se busca construir un sector energético con sostenibilidad financiera y operativa capaz de generar electricidad a un precio razonable y equitativo para los consumidores. Una gran parte de este esfuerzo, por supuesto, debe ser financiado con recursos del Estado; pero también es necesario que exista un aporte significativo de los consumidores, al menos para garantizar la operación básica de los servicios, y en el mediano plazo, para incentivar un buen uso de la energía.
