La semana pasada se registró un nuevo episodio en el agitado debate político entre el oficialismo y la oposición en torno a la preselección de postulantes para las elecciones judiciales. El motivo, esta vez, fue el examen escrito aplicado por los delegados de las universidades, que incluyó algunas preguntas cuestionables por su autoevidencia. Así, el proceso continúa.
Según lo previsto en el reglamento de preselección, luego de la fase de evaluación de méritos, que se califica sobre 40 puntos, viene la evaluación de conocimientos a través de una prueba escrita, que se califica sobre 30 puntos. La responsabilidad de ambas fases fue asignada en exclusiva al sistema universitario, cuyos delegados elaboraron una batería de preguntas. Pues resulta que en el cuestionario se incluyeron dos preguntas que, de tan obvias y absurdas, pusieron en cuestión todo el examen.
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) le debe una explicación al país. ¿Cómo es posible que sus representantes académicos, nada menos, a la hora de examinar a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental les pregunten si ante hechos indudables de corrupción el servidor público debe “denunciarlos, fomentarlos, no tomarlos en cuenta o ninguna de las anteriores”? ¿Se trató de un imperdonable error o hubo decisión premeditada de deslegitimar este proceso?
Dicho esto, corresponde poner las cosas en su justa dimensión. Cierto que la citada pregunta, junto con otra sobre golpes de Estado, constituyen una mancha en la prueba escrita de 60 preguntas. ¿Y las otras 58 preguntas? La mayoría fueron más o menos pertinentes al propósito evaluativo. Claro que la oposición y sus operadores mediáticos, incluido el “soberano”, no las mencionan. El guion desde el inicio fue muy claro: descalificar el proceso a fin de frenarlo o, si no se puede, desahuciarlo.
Con ese antecedente del examen escrito, los reflectores se orientaron a la prueba oral, sobre 30 puntos, esta vez a cargo exclusivo de las comisiones legislativas. Y aquí ocurrió algo curioso: las preguntas en general estaban bien planteadas, pero varios evaluadores no sabían las respuestas, en especial asambleístas de la oposición que, por confesión propia, calificaron “a ojo de buen cubero”. Lo que sigue, hoy, es definir la lista de postulantes que hayan obtenido al menos 56 puntos del total.
¿Y qué pasa con los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, que en ambos casos serán electos a nivel departamental? Corre plazo ampliado para la presentación de postulaciones, con el reto de garantizar la presencia paritaria de mujeres y la inclusión de indígenas. El debate persiste, así como crece la disputa política sobre las elecciones del 3 de diciembre y se multiplican las evidencias de una administración de justicia marcada por la descomposición.
