Para nadie es desconocido que en los penales del país a los reclusos se les restringen muchos más derechos de los que dispone la ley, como el tener una cama donde dormir y una alimentación medianamente decente; situación que no solo vulnera la legislación nacional e internacional, sino que, peor aún, repercute en la calidad de vida de los internos.
Asimismo, es de conocimiento público que el hacinamiento carcelario, que deviene en gran medida por la retardación de justicia que impera en el país, es el principal factor detrás de esta vulneración de los derechos en los penales bolivianos, cuya población excede, en mucho, la capacidad para la que fueron construidos.
Por ejemplo, el penal de San Roque, ubicado a cinco cuadras de la plaza central de Sucre, fue construido para 80 internos, pero actualmente cobija a 450, según datos de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca. De igual manera la población carcelaria de San Pedro, construido hace más de 100 años en la ciudad de La Paz para albergar a 300 reclusos, hoy sobrepasa los 2.200 reos; esto sin contar a las esposas e hijos de los internos. Por eso, muchos de ellos, cerca de 200, carecen de una celda propia, lo que los obliga a vagar durante el día y a dormir en los pasillos durante la noche.
Días atrás, como una posible respuesta ante esta preocupante y deplorable realidad que se vive, en mayor o menor medida, en las 63 cárceles del país, el Ministro de Gobierno anunció la implementación, hasta mediados de 2018, de manillas electrónicas como una medida sustitutiva a la detención preventiva.
Se trata ciertamente de una necesaria iniciativa, que ojalá llegue a materializarse. Y es que, además de reducir los elevados gastos que se destinan para la seguridad y alimentación de los reos y el mantenimiento de los penales, con este sistema, que permite monitorear la ubicación exacta del preso las 24 horas, la detención domiciliaria dejaría de ser una burla, como ocurre actualmente. Por otro lado, este tipo de control podría beneficiar a los reclusos que demuestren una buena conducta y una tendencia favorable a la reinserción social; marginando por supuesto de este beneficio a violadores, asesinos y a todos aquellos que han sido condenados por delitos que no permiten indulto y deben cumplir sus condenas en la cárcel.
Finalmente, no sobra recordar que la detención domiciliaria acompañada de manillas electrónicas constituye una opción más justa que la detención preventiva, en tanto permitiría que las personas que han sido imputadas, pero todavía no han recibido una sentencia (más del 70% de los reclusos en la actualidad) puedan vivir junto a sus familias, conservando muchas veces su trabajo y evitando el contagio criminal de las cárceles. En resumidas cuentas, esta incorporación repercutiría positivamente en la seguridad ciudadana y en la sociedad en general.
(18/07/2017)
