Según un reporte de las Naciones Unidas, los cultivos de coca en el país se han incrementado en 14% entre 2015 y 2016. Es la primera vez desde 2011 que esta superficie aumenta. La disminución continua de estos cultivos era un resultado relevante de la política gubernamental sobre la coca. Este incremento es una señal de alerta que debería motivar un relanzamiento de esta política.
Cada año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publica un informe con estimaciones de los cultivos de coca en Colombia, Perú y Bolivia. Se trata de una de las fuentes de información más confiables en el ámbito internacional sobre esta cuestión. Días atrás, la UNODC indicó que los cultivos de coca en el país pasaron de 20.200 hectáreas (ha) en 2015 a 23.100 en 2016, 1.100 ha por encima del límite establecido por la nueva Ley General de la Coca. Este incremento del 14% se habría producido tanto en la zona del trópico de Cochabamba como en los Yungas paceños. Por otra parte, la misma entidad evidenció que en Colombia se produjo un aumento del 52% en estos cultivos en similar periodo, pasando de 96.000 hectáreas a 146.000.
El incremento de cultivos de coca en Bolivia se produce después de cinco años de reducciones significativas, que eran una demostración fehaciente de la eficacia de la política nacional de control de ese arbusto basada en la participación de las comunidades, la erradicación voluntaria y un uso moderado de la fuerza. Este enfoque fue elogiado en el ámbito internacional, pues tenía resultados positivos y contrastaba con los métodos punitivos y violentos que se usan en la erradicación en otros países.
Aunque este aumento es menor al registrado en Colombia, es una señal de alarma para las autoridades. Este mal resultado coincide además con una intensificación de la conflictividad en zonas de expansión de los cocales, sobre todo en el norte de La Paz y en varios parques nacionales; junto a las controversias que ha generado la aprobación e implementación de la nueva Ley de la Coca. Posiblemente este contexto más complejo explica en cierta medida los resultados revelados por el informe de las Naciones Unidas.
Hay necesidad, pues, de reordenar y reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de controlar las plantaciones de coca, recomponer los mecanismos de diálogo con las comunidades cocaleras en las zonas de producción, y actuar firmemente para prohibir y erradicar el arbusto en parques nacionales y regiones en las que ese cultivo es ilegal. El desequilibrio es aún pequeño y parece factible que se pueda revertir en poco tiempo con acciones bien planificadas. El objetivo debería ser recuperar el ritmo de reducción y estabilizar los cultivos lo más antes posible, relanzando, de esta manera, la exitosa política de regulación de la coca que el país viene impulsando desde hace varios años.
