Con la publicación del nuevo calendario electoral y la lista de postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia se inicia una nueva fase en las elecciones judiciales de diciembre. El siguiente momento decisivo será el 4 de septiembre, cuando la Asamblea Legislativa envíe al Órgano Electoral la lista de 96 candidatos.
A diferencia de otros procesos, que se disputan en la jornada de votación ciudadana, los comicios judiciales pasan por un filtro de preselección de candidatos. Así, lo que en una elección “normal” de gobernantes es definido por las jefaturas de las organizaciones políticas, en la elección de altos magistrados de la Justicia se decide por mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El mecanismo, establecido en la Constitución Política, es objeto de polémica entre el oficialismo y la oposición.
Si bien las dos fases, de preselección de candidatos y de votación popular, están corriendo de manera paralela, es importante diferenciarlas. Para empezar, porque su responsabilidad corresponde a dos órganos distintos: la Asamblea Legislativa se encarga de la preselección; el Tribunal Supremo Electoral organiza y administra la elección. Luego, porque varía la fuente de legitimidad: en la primera etapa los postulantes contienden ante los asambleístas; en la segunda deben competir en las urnas.
Hasta el momento, la batalla política se concentró en la preselección. La deseable concertación de un reglamento fue bloqueada cuando seis líderes opositores trazaron la línea roja: “comisión independiente” para definir candidatos. En respuesta, el oficialismo se negó a renunciar al mandato constitucional de la Asamblea para su labor de selección. Luego se evidenció la falta de postulantes, en especial mujeres e indígenas. Y hubo cuestionamientos al examen escrito a cargo del sistema universitario.
¿Qué sigue? En las siguientes cinco semanas, luego del trabajo en el ámbito de las comisiones (calificación de méritos, prueba escrita, examen oral), la Asamblea debe elegir a los candidatos que el 3 de diciembre estarán en las dos papeletas de votación. Las voluntades para el efecto son disímiles: mientras los asambleístas del MAS hacen todos los esfuerzos para darle legitimidad al proceso, los opositores se ocupan sistemáticamente de boicotearlo. ¿Y la ciudadanía? ¿Qué le plantea esta elección?
Aquí entramos al terreno de la segunda etapa: los comicios mismos. Una vez que el Órgano Electoral reciba la nómina de 96 candidatos, el gran reto será que los electores los conozcan y concurran a sus mesas de votación con información y motivación suficientes. Lo que está en juego no es menor: elegir directamente altas autoridades con la promesa, hasta ahora incumplida, de superar la crisis en la administración de justicia. La ciudadanía tiene la enorme responsabilidad de no desperdiciar su voto.
