Finalizar el tema sobre la explotación e industrialización de la minería en el mes de la patria, un día cercano a su efeméride, resulta emocionante y a la vez frustrante por algunos resultados del análisis. Hemos puntualizado lo que ocurre con los principales proyectos mineros, lo que no quiere decir que los emprendimientos menores y la generación de nuevos emprendimientos anden sobre ruedas, nada más alejado de la realidad. Todo el sector minero metalúrgico e industrial tiene problemas, y esa es la primera conclusión del análisis. A pesar de la retórica y el impulso del megaciclo de buenos precios de metales y minerales que acompañó la década precedente, los resultados son magros, como hemos anotado en las dos columnas precedentes. Las causas para esto son las malas políticas sectoriales de un sistema jurídico (CPE, Ley 535) e impositivo a contracorriente con las tendencias globales de la industria.
i) La escala de la industria debiera corresponder con lo que se quiere generar como producción y a los actores que lo puedan concretar. Se quiere un Estado fuerte en la industria con megaproyectos como la industrialización del litio del Salar de Uyuni, pero su capacidad para generar un portafolio y administrarlo es mínima. Para hablar de niveles de inversión en el vecindario, Perú, por ejemplo, tiene hoy un portafolio de proyectos mineros de $us 50.000 millones. ¿Con un PIB cercano a los $us 35.000 millones, podría el Estado boliviano generar un flujo de inversión de esta escala para generar y manejar un portafolio similar con el tamaño actual de nuestra economía? Ni si quiera el Estado peruano podría hacerlo sin la intervención del capital privado nacional y extranjero.
ii) El portafolio de proyectos se construye en base a información que generan entes estatales, en nuestro caso el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin) y Comibol. Si no se potencian estas instituciones, no será posible hacerlo, Sergeomin genera lo que puede; y lo que puede es poco, todos sus emprendimientos no pasan de lo que se denomina grass roots (proyectos primarios), para un mercado donde la plata para este tipo de tareas es cada vez más escasa. Por otro lado, se debilita cada vez más a Comibol, quitándole el control de sus proyectos estrella (Salar, Mutún) y su cualidad de representar al Estado en contratos con terceros para crear burocracia adicional (AJAM); así estamos matando la gallina de los huevos de oro.
iii) Las inversiones se fomentan o se ahuyentan. En nuestro caso, la legislación pone una camisa de fuerza a todo operador que se anime a invertir en el país. Estamos felices con la inversión estatal, pero su escala nunca podrá llegar a los niveles necesarios, por su limitación inherente al tamaño de nuestra economía, y peor aún si en el intento pretendemos invertir (según algunos anuncios oficiales) en el sector menos formal, las cooperativas.
iv) El capital privado debiera participar. El ajuste de las normas vigentes es el único camino para lograrlo. Estamos perdiendo el tren de la historia en el afán de mantener un discurso nacional populista que no trae nada bueno ni soluciona los problemas.
v) La industrialización depende de decisiones políticas adecuadas al momento y al mercado. Resulta patética la forma en que se proyectan etapas industriales como Karachipampa, Corocoro y aún el Salar sin el menor atisbo de coordinación de las diferentes etapas para lograrlo. ¿Alguien ha hablado de reservas explotables, costos unitarios de explotación, costos financieros, etc.; o de la factibilidad de los negocios en alguno de estos proyectos?
Antes de emprender la loca carrera por construir plantas, ingenios metalúrgicos o refinerías hay un largo camino que la tecnología y el conocimiento han labrado a través de los años y que es de obligado recorrido si se quiere tener éxito. Felicidades Bolivia.
