En ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró el domingo, se publicaron algunos datos que dan cuenta que este terrible delito, lejos de retroceder, está creciendo en todo el mundo, y el país no es la excepción. Este avance debería ser leído como un llamado a redoblar los esfuerzos en la lucha contra este macabro negocio.
Respecto a Bolivia, el Ministerio de Justicia registró 701 casos de trata y tráfico de personas en el territorio nacional en 2016, 21% más que en 2015, año en el que se reportaron 558 delitos de este tipo. Sin embargo, de las 701 denuncias registradas el año pasado 207 fueron rechazadas, desestimadas, sobreseídas o declinadas por el Ministerio Público, por lo que la cifra bajaría hasta 494 casos de trata en 2017.
Si bien este número puede parecer pequeño si se lo compara con los casos registrados en otros países, la población del país también es mucho menor respecto a la mayoría de las naciones latinoamericanas. Por tanto, una comparación en tal sentido carece de sustento a menos que se hagan las ponderaciones respectivas.
Por otra parte, no sobra recordar que muchas de las víctimas de trata no se asumen como tales o no dan a conocer la explotación de la cual son víctimas por temor a represalias contra ellas, contra sus hijos u otros familiares cercanos. De allí que el número de víctimas puede ser mucho mayor que el que manejan las autoridades.
Por último, cabe resaltar que cada caso de trata y tráfico de personas implica la destrucción de una vida y de toda una familia. Además, la mayoría de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres, un 75%, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); y que el 58% de todo el tráfico detectado en el ámbito mundial (aproximadamente 21 millones de personas al año) tiene como propósito la explotación sexual, un aberrante delito que menoscaba la salud física, psicológica y emocional de las víctimas. El 42% restante corresponde a trabajos forzosos o tráfico de órganos.
En este sentido, no debería dejar de causar alarma que Bolivia sea un país de origen, tránsito y destino de trata y tráfico de personas, macabro negocio que destruye el bienestar de las personas, empleando métodos atroces para doblegar la voluntad de las víctimas a fin de poder lucrar con su dignidad y sus cuerpos.
Por todo ello y mucho más, urge reforzar, desde todas las trincheras, la lucha contra las redes criminales dedicadas a la trata y tráfico de personas en el país, cuyos tentáculos a veces logran involucrar a las propias fuerzas del orden y a los magistrados judiciales, gracias a la gran cantidad de dinero que suele movilizar este ilícito en el planeta (aproximadamente $us 35.000 millones al año según la ONU, solo por detrás del tráfico de armas y las drogas).
