Seis años después de la VIII Marcha indígena por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el asunto que originó dicha movilización regresó a la agenda política y normativa. La Asamblea Legislativa está tratando un proyecto de ley que deja sin efecto la declaratoria del TIPNIS como zona intangible. El debate apenas comienza.
El 24 de octubre de 2011, cinco días después de que la marcha indígena llegara a la ciudad de La Paz tras más de dos meses de caminata desde Trinidad (incluida la represión en Chaparina), el presidente Evo Morales promulgó la Ley 180. En ella, además de asumir el TIPNIS como patrimonio sociocultural y natural y área protegida de interés nacional, se lo declaró zona intangible. Se establecía también que la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, o cualquier otra, no atravesaría dicho territorio.
Pocos meses después, en febrero de 2012, como resultado de otra marcha protagonizada por habitantes del sur del TIPNIS que apoyaban la carretera, fue promulgada la Ley 222. En ella se convocó a una consulta previa en las comunidades mojeño-trinitarias, chimanes y yuracarés que habitan la región. El propósito era lograr un acuerdo sobre si esta zona debía ser intangible o no. La consulta, en el segundo semestre de ese año, estuvo a cargo de dos ministerios y contó con la supervisión del Órgano Electoral.
Desde entonces, el TIPNIS en general y la disputada carretera en especial estuvieron episódicamente en el análisis y el debate. Hasta que el mes pasado el oficialismo puso en agenda la nueva normativa que, dejando de lado la intangibilidad, habilita al Estado para la ejecución de “programas y proyectos de desarrollo integral y sustentable” en diferentes áreas. Y con ello retornó la polémica sobre el desarrollo, la protección del TIPNIS, la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas.
La Constitución Política garantiza que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho a ser consultados “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. En el caso de la nueva ley, el Gobierno se remite a la consulta oficial realizada entre julio y diciembre de 2012, según la cual 58 de 69 comunidades del TIPNIS rechazaron la intangibilidad. Otras voces aseguran que dicha consulta fue no solo “póstuma”, sino poco informada y de mala fe.
Está previsto que este martes el Senado apruebe y sancione la norma en cuestión. Si bien se cumplieron los procedimientos para el efecto, el tratamiento ha sido veloz y sin deliberación pública. Ello no impedirá que la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure se prolongue en la agenda colectiva y en la movilización de indígenas y activistas. ¿Y la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos? ¿Se hará finalmente? ¿Atravesará el TIPNIS? El debate apenas comienza.
