Con la preselección de postulantes en la Comisión Mixta de Constitución se ha dado el penúltimo paso de la fase inicial en la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Solo falta que, en los siguientes días, la Asamblea Legislativa defina los 96 candidatos que irán a votación popular el 3 de diciembre.
Hasta este viernes, en dos sesiones sucesivas, los senadores y diputados, por dos tercios, elegirán a los candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Lo harán entre los postulantes que obtuvieron al menos 56 puntos como resultado de la calificación de méritos (40 puntos), el examen escrito (30 puntos) y la entrevista (30 puntos). Las candidaturas deben garantizar paridad de género y la inclusión de indígenas.
Llegar hasta este momento no ha sido fácil. Al contrario, la preselección tuvo que sortear diferentes obstáculos desde la aprobación, el 29 de abril, del reglamento para el efecto. Durante cuatro meses, mientras el oficialismo se empeñaba por su cuenta en sacar adelante el proceso, la oposición hizo todo lo posible por abortarlo o, al menos, deslegitimarlo. Fue así en todo el recorrido: postulaciones, revisión de requisitos, impugnación, calificación de méritos, prueba escrita, entrevista…
¿Qué se espera esta semana de la Asamblea? Deben elegir 36 candidatos (cuatro por departamento) para el Tribunal Supremo de Justicia e igual número para el Tribunal Constitucional. En el primer caso hay 71 postulantes habilitados; en el segundo, 76. Deben elegir también 14 candidatos para el Tribunal Agroambiental (de 23 habilitados) y 10 candidatos para el Consejo de la Magistratura (de 24 habilitados). Según fuentes oficialistas, no necesariamente se elegirá a quienes tengan mayores puntajes.
Esta primera fase del proceso se cerrará formalmente el lunes 4 de septiembre, cuando se envíe la lista oficial de 96 candidaturas al Tribunal Supremo Electoral. Entonces se iniciará la segunda fase, propiamente electoral, de 90 días, que concluirá en las urnas el 3 de diciembre. Una cuestión fundamental en los próximos meses es la difusión de méritos de los candidatos, bajo responsabilidad del Órgano Electoral con base en un reglamento especial cuya aprobación está prevista para hoy.
Las elecciones judiciales de este año, al igual que los comicios de 2011, se realizarán con cuestionamientos a su legitimidad de origen, esto es, la preselección de candidatos. En ese contexto, es previsible que la oposición, descalificando un proceso del cual fue parte, lance pronto la consigna del voto blanco y/o nulo (“voto TIPNIS”, dijeron hace seis años). Será la ciudadanía la que con su decisión, ojalá informada, dé una señal sobre el rumbo de la crisis del sistema de justicia en el país.
