Días atrás, lamentábamos en esta página el conflicto desatado entre la Policía y la Fiscalía por los resultados de la pericia balística realizada en el caso del asalto a una joyería en Santa Cruz, y que concluyó señalando que la bala que mató a la gerente de ese negocio salió de un arma policial. Pero el conflicto va más allá de ese caso puntual y es muy serio.
En efecto, como parte de las reformas promovidas a inicios de siglo con la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal, se constituyó el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), considerado el brazo científico del Ministerio Público y con la expectativa de desarrollar entre sus miembros competencias en materia de investigación criminal.
Actualmente el IDIF ofrece diversos servicios que incluyen laboratorio criminalístico, laboratorio químico, investigaciones forenses especiales, registro y custodia de evidencia, medicina forense, y forense especializado en violencia contra la mujer. Lamentablemente, por falta de más desarrollo institucional y de personal, el instituto tiene una sobrecarga de trabajo que ocasiona retardación en el tratamiento de los casos que atiende el Ministerio Público.
A su vez, la Policía Nacional tiene el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), que ofrece, entre otros, servicios de accidentología, antropología, balística, biología, criminalística, documentología, dibujo, explosivos, genética, huellografía, informática y hasta psicología, lo que da cuenta de un conjunto de especialidades que son enseñadas a quienes se forman en la Universidad Policial, pero que todavía no proporciona un aporte significativo al trabajo del Ministerio Público.
La más importante diferencia entre ambos institutos está en que el IDIF ofrece servicios gratuitos, mientras que el IITCUP cobra por ellos; la segunda es que el instituto dependiente de la Fiscalía es el señalado por ley para hacer el trabajo forense, mientras que para emplear los servicios del otro hace falta una autorización del juez que sigue la causa.
Así, penalistas, policías y otros especialistas en materia penal coinciden en señalar que corresponde integrar el trabajo de ambos institutos o al menos cambiar el estatus legal del IITCUP para ayudar en las tareas de investigación de la Fiscalía, reduciendo de esta manera la retardación que causa la falta de más recursos para el trabajo forense.
Urge, pues, en tiempos cuando se discute el proyecto de ley del sistema penal, considerar la necesidad de mejorar la capacidad de investigación forense del Ministerio Público a través de disponer la integración, o al menos la coordinación de ambos institutos a fin de que, por una parte, se pueda superar las estériles pugnas entre ambas instituciones y, por otra, brindar efectivamente a la sociedad el servicio para el cual han sido creadas.
