Aún está latente el penoso, innecesario y desatinado conflicto desatado por la aprobación y posterior rechazo de los decretos supremos 3091 y 3092, que autorizan la libre afiliación a las cajas de salud y la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud; medidas que, como siempre hemos sostenido, aportan poco para mejorar la dramática situación del sistema nacional de salud.
Por otra parte, el acuerdo que firmaron la Asociación de Facultades de Medicina con las instituciones en conflicto con el compromiso de iniciar un profundo proceso participativo y concertado de transformación del sistema de salud aún no se está honrando. Con esa visión, los mencionados decretos que resultan transitorios debían ser dejados en suspenso y empezar a trabajar en serio por la salud de nuestro pueblo.
A esta altura, creemos que el señor presidente, Evo Morales (quien junto al Vicepresidente han manifestado reiteradamente su preocupación, frustración y fastidio por la situación de salud), debe conformar, por decreto, un Consejo Nacional de Salud con representantes de los ministerios de Salud, Economía y de Justicia; los gobiernos municipales y departamentales; la Seguridad Social; universidades; Colegio Médico; medicina privada; jubilados y organizaciones sociales, cuya misión sea elaborar un proyecto de ley integral de salud, junto a propuestas para elaborar un nuevo sistema de salud, la implementación del Seguro Universal, y un plan nacional de salud concertado y de responsabilidad compartida entre todos los involucrados.
Todo lo que el Gobierno ha hecho por la salud debe reorientarse hacia el nuevo sistema, y las acciones que no obedezcan a un plan concertado deben reencaminarse. Es necesario evaluar con objetividad la centralización y el impacto de programas como el de Telemedicina y Mi Salud, que son parte del programa de Salud familiar comunitaria e intercultural (Safci) para el primer nivel. El plan de hospitales, que por su enorme magnitud y otros factores no podrá materializarse en tres años (como se anunció en su lanzamiento hace un año y medio), requiere de un redimensionamiento, de una nueva planificación y de una unidad de gestión más potente, eficiente e independiente del Ministerio de Salud, que ya tiene innumerables tareas más específicas. Los hospitales de tercer y cuarto nivel serán una maravilla, pero cabe recordar que más del 80% de los problemas de salud se resuelven en hospitales de primer y segundo niveles, por lo que su potenciamiento debería ser prioritario. Por otra parte, insistimos en la urgencia de implementar políticas de formación de especialistas para evitar que los futuros hospitales fracasen por la falta de personal calificado.
También resulta imprescindible ejecutar políticas coherentes de gestión de recursos humanos que incluyan la incorporación del sector público de salud a la Ley General del Trabajo; y declarar la formación de especialistas y la investigación como áreas estratégicas, para evitar que los especialistas migren a otros países o prefieran no retornar. Asimismo se necesita eliminar las restricciones de la Ley Financial que imposibilita contar con profesores para la residencia médica e induce a que los mejores académicos abandonen las facultades de medicina del país.
Debemos resolver la grave situación del sistema nacional de salud entre todos, en lugar de culparnos unos a otros por sus deficiencias. Por eso creemos que está en manos del señor Presidente empezar a construir un nuevo sistema que garantice que todos los bolivianos ejerzan su derecho a la salud.
