Concluida la tan intensa como polémica etapa de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, a cargo de la Asamblea Legislativa, ahora la disputa política y los reflectores mediáticos se concentrarán en el proceso electoral mismo, bajo responsabilidad del Órgano Electoral. Desde este lunes corre la cuenta regresiva de 90 días para la votación del 3 de diciembre.
Por mandato de la Constitución, las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional son electas por voto popular. El ejercicio de este derecho ciudadano, que amplía la democracia, ha sido cuestionado por su procedimiento y por sus resultados. Se discute así que un cuerpo político como la Asamblea Legislativa sea el filtro de preselección. Y se evidencia que la elección directa de magistrados, inaugurada en 2011, no mejoró la crítica administración de justicia en el país.
La contienda entre el oficialismo y la oposición sobre cómo seleccionar a los candidatos surgió antes de iniciar el proceso. Y la “línea roja” la puso el grupo de seis líderes opositores con su “Declaración conjunta” del 12 de abril. Esa “línea roja”, que a la postre resultó inamovible cerrando cualquier posibilidad de concertación, fue la propuesta de una comisión independiente con decisión vinculante. El oficialismo negó tal posibilidad argumentando que la Asamblea no podía declinar su competencia.
Desde entonces, cualquier paso de la bancaba mayoritaria del MAS para avanzar en la preselección, empezando por la aprobación del reglamento y la convocatoria, fue contestado desde la oposición con acciones y declaraciones orientadas a interrumpir el recorrido. El momento culmen fue el pasado jueves cuando, tras una sesión de más de 30 horas, el oficialismo definió por su cuenta y “en plancha” las 96 candidaturas que irán a las urnas. La oposición, en tanto, hizo explícita su consigna del voto nulo.
¿Qué sigue? Una vez que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido la lista de candidatos, desde hoy formalmente toma la posta. Pero a estas alturas no importa tanto la administración de las elecciones, sino la cantada disyuntiva entre elegir, por un lado, o anular el voto, por otro. Y aquí nuevamente el grupo de los seis opositores emitió una veloz “Declaración conjunta” convocando a rechazar el proceso. Y, como era previsible, el Gobierno salió rápidamente a descalificarlos. No hay encuentro posible.
Más allá del posicionamiento y rivalidad de los actores políticos, que es como una ceremonia que se repite, el desafío es garantizar plenamente el derecho a decidir de la ciudadanía. Para ello resulta fundamental que la deliberación pública desplace al enfrentamiento y que la información sustituya a la fraseología, venga de donde venga. Un mínimo será conocer los méritos de los 96 candidatos. La elección del 3 de diciembre es demasiado importante como para dejarla librada a consignas e indiferencia.
