Hace unos días pasé por las oficinas de impuestos internos para actualizar unos trámites y, cargada de paciencia, me dispuse a esperar mi turno para ser atendida. Fue allí donde conocí a Teresa M., a quien cedí mi asiento al notar su palidez y angustia.
Teresa acababa de ser informada de que tenía que pagar una suma exorbitante por las supuestas ganancias de su pequeña empresa. En un suspiro me dijo: “Dios aprieta, pero impuestos ahoga” y pasó a relatarme el calvario que vivía desde hace unos meses al enfrentar una deuda impositiva impagable. Lo peor, ya consideraba el cierre de su negocio (y el consiguiente despido de sus dos empleados) “porque desde hace unos años solo trabajo para pagar impuestos”.
El caso de Teresa no es una excepción en el sistema impositivo boliviano, que castiga de manera extrema a las pequeñas empresas que optan por la legalidad. Me lo decía Teresa: “No dar facturas es un problema, pero darlas se convierte en un riesgo de largo plazo”. Y sostiene: “Siempre que vengo a impuestos reacciono del mismo modo… asombro, seguido de ira; a continuación tristeza e impotencia; y por último, más ira; y es que nunca llego a comprender del todo el sistema”.
Y el caso de Teresa es solo una muestra de un sistema impositivo que en Bolivia castiga de manera distinta a las personas. Y si entendemos que la política tributaria es un instrumento poderoso para generar igualdad, es urgente comenzar a discutir una agenda de reformas de los sistemas tributarios.
Para nadie es novedoso que Bolivia tiene un sistema tributario altamente regresivo. Según la especialista Verónica Paz, dos características del sistema ayudan a explicar esta condición. Por un lado, la mayor parte de las recaudaciones tributarias del país provienen de impuestos indirectos que aportan muy poco a la reducción de la desigualdad. En 2015, por ejemplo, el 30% de las recaudaciones tributarias provenía del impuesto al valor agregado (IVA), y este tipo de impuestos reducen tres veces más el ingreso de los hogares más pobres. Y la regresividad de este impuesto castiga sobre todo a las mujeres, pues se encuentran sobrerrepresentadas en los deciles de ingreso más pobres (sobre todo las familias donde son jefas de hogar).
La segunda característica del sistema tributario boliviano es la ausencia de un impuesto con “intención real” de gravar el ingreso de las personas físicas. El RC-IVA no fue creado con el objetivo de gravar el ingreso, sino como mecanismo para reducir la evasión del IVA. Como resultado, la recaudación del RC-IVA apenas representa un 0,2% del PIB, muy por debajo de la media regional. Pensar en una fórmula que grave los altos ingresos de algunas personas puede ser una forma efectiva de generar mayor equidad.
Si asumimos que una tributación justa implica que los actores económicos aporten de acuerdo con su capacidad real, es necesario lograr un balance entre impuestos directos e indirectos, cuyo impacto igualador sería mucho mayor. Esto implica una reforma fiscal que tenga como objetivo trasladar la carga tributaria concentrada en el consumo y el ingreso de pequeñas y medianas empresas (generadoras de empleo) hacia los ingresos asociados a la riqueza y el capital. Además, es urgente corregir los vacíos legales que permiten eludir impuestos a los grandes capitales, como lo ha revelado el caso de los Papeles de Panamá.
Es hora de discutir seriamente quiénes deberían contribuir más al bienestar social y el funcionamiento del Estado, con cuánto y cómo van a hacerlo. Un país que ahoga la iniciativa productiva de Teresa con impuestos no puede pretender cambiar su sistema productivo, y menos aún diversificar su patrón de acumulación.
es cientista social.
