A casi una década de su aprobación en un referéndum ilegal, el Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz parece encaminarse finalmente a su declaración de constitucionalidad y, con ello, su puesta en vigencia. Se trata de una buena noticia para la autonomía cruceña, que estuvo a la vanguardia del proceso pero que, en el camino, por diversos motivos, se adormeció.
Todavía está en la memoria aquel 4 de mayo de 2008, cuando autoridades departamentales convocaron a una consulta al margen de la ley, realizada sin reconocimiento de la entonces Corte Nacional Electoral. El evento puso en tensión al país abriendo un escenario de conflicto. Ya entonces se sabía que dicho documento autonómico, elaborado rápidamente, tenía serios problemas de inconstitucionalidad. Pero cumplía el declarado propósito de servir como dique ante el avance del proceso constituyente.
Luego, como resultado de una negociación regional, primero, y de un acuerdo político, después, que permitió encaminar la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), se estableció que los estatutos autonómicos debían adecuarse al texto constitucional y sujetarse a control de constitucionalidad. La Asamblea Departamental de Santa Cruz se tomó cinco años para dicha adecuación. Y entre el “test” a cargo del Tribunal Constitucional, más aclaraciones y enmiendas, pasaron otros dos años.
Al final de este moroso recorrido, que deambuló entre el abandono, la socialización y el debate político, la asamblea cruceña concluyó la semana pasada la revisión y ajustes en el Estatuto. Debían seguirse adecuando contenidos, ya que el Tribunal Constitucional, a fines del año pasado, declaró que 49 artículos y dos disposiciones finales eran incompatibles con la Constitución. Se lo hizo con decisión mayoritaria del partido oficialista: los Demócratas, y bajo protesta de la oposición: el MAS departamental.
Las lecturas sobre este importante paso para la autonomía de Santa Cruz son diversas. Algunos, como el presidente de la Asamblea, celebran el hecho, pues permitirá transferir competencias y “abrir un abanico de leyes estatutarias para beneficio del departamento”. Otros en cambio, más escépticos, aseguran que la nueva versión del Estatuto limita y hasta cercena capacidades autonómicas que estaban incluidas en la versión original. Lo cierto es que el Estatuto, hoy, es compatible con la Constitución.
¿Qué sigue en el lento camino de la autonomía cruceña? Primero, esperar la pronta declaración de constitucionalidad plena del Estatuto por parte del Tribunal Constitucional. Después, asegurar la implementación de sus contenidos, que se irá haciendo de manera progresiva. De ese modo, Santa Cruz ahora, al igual que los precursores Pando y Tarija, impulsará con norma propia la autonomía departamental en el marco de la nueva organización territorial del Estado. Buena nueva para septiembre.
