Como profecía autocumplida, el MAS presentó un recurso abstracto orientado a declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley del Régimen Electoral y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado. El propósito es habilitar la repostulación de Evo Morales en los comicios de 2019. Y de paso abrir el candado de la reelección para todos.
En su IX Congreso realizado en diciembre de 2016 en Montero, el partido de gobierno definió cuatro “vías constitucionales” para posibilitar la reelección de Evo en las próximas elecciones: nuevo referéndum sobre el artículo 168 de la Constitución activado por iniciativa ciudadana, referéndum por acción de la Asamblea Legislativa Plurinacional, renuncia anticipada del Presidente o interpretación realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La decisión de la vía sería tomada en 2019.
Con esas cuatro vías, el MAS desconocía el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, que por decisión mayoritaria rechazó la reforma parcial de la Constitución. Se argumentaba contra tal referéndum que había sido manipulado con “la gran mentira” del caso Zapata. Incluso algunos extraviados dirigentes hablaron de anularlo. Otros declararon “empate técnico” en la votación. El hecho es que se insistiría en la repostulación presidencial. De manera anticipada, el MAS optó por la cuarta vía.
¿Qué implica el recurso presentado al TCP? Primero, sacar del ordenamiento jurídico los artículos de la ley, así como declarar inaplicables los artículos de la Constitución, que impiden la reelección ilimitada del binomio presidencial, gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Segundo, por esa vía, “hacer prevalecer el derecho de los ciudadanos a elegir al gobierno de su preferencia por sobre las limitaciones que pudiera contener la misma Constitución”. Hay jurisprudencia y antecedentes.
Como era previsible, las oposiciones salieron rápidamente a rechazar el intento oficialista de repostular a Morales. Con vehemencia declararon que el MAS vulnera el texto constitucional, ignora la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 21 de febrero, busca “permanecer en el poder a cualquier precio”… Y anunciaron acciones legales para frenar el recurso abstracto, acciones internacionales de denuncia y acciones callejeras de protesta. Lo cierto es que el asunto, hoy, está en manos del TCP.
Más que “garantizar derechos preferentes” o “defender la democracia”, es evidente que las acciones y reacciones de los actores políticos están orientadas por su cálculo estratégico con miras a las elecciones de octubre de 2019. Tanto el MAS como las oposiciones saben bien que la candidatura, o no, de Evo será determinante en el resultado. Y con él se definirá la continuidad o la sucesión del gobierno inaugurado en enero de 2006. La pronta decisión de los siete magistrados del TCP, bajo presión, sellará el camino.
