El todavía irresuelto conflicto en Achacachi, donde la población del área urbana está enfrentada a la del área rural por presunta corrupción de su Alcalde, quien no tiene ni denuncia ante la Fiscalía ni proceso judicial, es apenas uno de varios casos en los que la sombra de la corrupción afecta la gestión municipal. Para ellos, la justicia parece tener brazos cortos.
Un reciente recuento de La Razón ha permitido identificar, además del de Achacachi, otros nueve casos de alcaldes y alcaldesas acusados de malversación de fondos y otros delitos relacionados con la gestión de la cosa pública. Los alcaldes de Tipuani, Ichoca y Camiri han sido denunciados ante el Ministerio Público, pero siguen en el ejercicio del cargo.
En Concepción, Guayaramerín y Quillacollo, los alcaldes fueron denunciados, pasaron tiempo en prisión, detenidos preventivamente, pero ahora ejercen nuevamente el cargo para el que fueron electos y los procesos iniciados en su contra continúan su curso. Finalmente, en Independencia, San Borja y Puerto Suárez, los burgomaestres han tenido que dejar el cargo: uno pidió licencia para afrontar los cargos, otro permanece en prisión y el tercero tiene detención domiciliaria.
En todos los casos, el gobierno nacional, a través del Presidente, ha manifestado que “nunca defenderemos a un Alcalde acusado de corrupción”, señalando que el referéndum revocatorio es el camino a seguir. Sin embargo, es bueno recordar que la investigación y juzgamiento de denuncias, cuando son comprobadas, es en realidad el camino más apropiado, pues se trata de penalizar los actos de corrupción.
En todos los casos, son las juntas vecinales, antes conocidas como organizaciones territoriales de base, las que presentaron las denuncias y hacen seguimiento al proceso; en la mayoría de estos casos, los acusados o las personas de su entorno afirman que se trata de intereses políticos de los dirigentes vecinales, pero al parecer las evidencias de que desviaron recursos públicos son igual o más fuertes que la sospecha de que hay intereses vinculados con los partidos políticos oficialista y opositores.
Mientras tanto, el ejemplo de Achacachi, donde los pobladores bloquearon la carretera en demanda de atención a su protesta, afectando severamente a las poblaciones que están más allá en el camino, comienza a replicarse, y no solo en el altiplano. El resultado puede ser que Bolivia vuelva a los tiempos de los bloqueos generalizados, solo que esta vez por demandas particulares.
Urge, pues, que las autoridades competentes, comenzando por el viceministerio del ramo, encuentren formas aceptables de intervenir en los conflictos municipales, sin ceder a la tentación de favorecer a unos en desmedro de otros, ya que lo que debe buscarse es preservar la calidad de la democracia, hoy puesta en cuestión por alcaldes y alcaldesas poco transparentes.
