La sombra de un nuevo orden político se asoma a nuestro presente. Su novedad radica en que las leyes se suspenderán para el Gobierno, pero serán de cumplimiento inexcusable para los ciudadanos. ¿Por qué el MAS asume el riesgo de provocar una peligrosa confrontación política con su desastrado recurso de inconstitucionalidad? Más que eso: ¿por qué deslegitima a priori la ley que instituye y consagra el Estado Plurinacional y su propio poder? ¿Puede un gobierno desconocer olímpicamente sus propios actos jurídicos y políticos?
En mi opinión, el equipo estratégico del Gobierno ha tomado esa decisión porque no puede hacer otra cosa. Tampoco sabría hacerlo. Actuar conforme a la ley significaría perder el poder. En política hay muy pocas situaciones imprevisibles; las estrategias y pasos tácticos para llegar al poder o conservarlo son siempre el resultado de una costumbre interiorizada, de las tendencias inmanentes del juego político. De hecho, desde que se aprobó la Constitución, en 2009, el MAS ha buscado desesperadamente, en muchas ocasiones, triquiñuelas y astucias para volver a elegir a Evo Morales. Ese comportamiento es su insuperable huella genética.
Pensándolo bien, no tienen otra alternativa. ¿Quién podría reemplazar a Evo? El liderazgo carismático del Presidente, a pesar de su creciente erosión, sigue siendo el principal capital político y simbólico del MAS. Desde 1997, esa figura permitió constituir un potente movimiento político basado en la articulación de demandas de un vasto conglomerado social, y que solo podían unificarse alrededor de un caudillo. Sin embargo, esa fortaleza es paradójicamente su principal debilidad, pues el futuro del MAS depende completamente de la re-elección infinita.
Pero el caudillo no está solo. De hecho, su poder se basa en una estructura clientelar y prebendal que facilita el intercambio de recursos públicos por apoyo político entre los grupos estratégicos de la sociedad y el Estado. Esos grupos decidieron asumir el riesgo. En ciertos casos las normas cuando son contrarias a los intereses de los gobiernos, pues limitan su poder, suelen ser aplicadas o interpretadas de manera calculada, táctica; en ciertas ocasiones conviene ser draconiano y negligente en otras. Todo depende, la ley es solo un recurso de poder que se aplica conforme a una lógica de geometría variable. Esa ley sí se respeta, la Ley del embudo.
Sin embargo, el empleo puramente instrumental y cínico de las normas vigentes, sobre todo si se trata de la Constitución, provoca a la larga la ilegitimidad de las instituciones encargadas de aplicarla. El Gobierno no puede suspender la norma sin caer en una situación de falsedad jurídica e inestabilidad política que solo puede sustentarse con la fuerza. Y ese parece ser el escenario político futuro, la distopía.
