Los artículos contenidos en el proyecto del Código Penal que criminalizan el acto médico dejan a los profesionales de este rubro expuestos, como nunca antes, a la discrecionalidad de una Justicia todavía corrupta y dependiente. Con esos artículos imprecisos y confusos los médicos ejercerán su sacrificada profesión bajo la amenaza permanente de ser condenados por cualquier cosa que el Código permita interpretar como delito, y los verdaderos culpables quedarán impunes.
La muerte de un paciente causada estructuralmente por la falta de acceso a la atención, infraestructura, equipamiento, medicamentos o insumos, que en conjunto hacen al acto médico, llevará a que se juzgue, sancione, encarcele o despoje de su título profesional al médico que en algún momento participó en dicho acto. Y ocurriría lo mismo si por la misma razón no se puede brindar atención de urgencia o emergencia, y se produce un desenlace fatal. A pesar del esfuerzo heroico de los médicos para salvar una vida, la muerte de pacientes ocurre todos los días en los precarios y saturados servicios de emergencia.
Sin embargo, los enfermos que incumplen sus tratamientos están exentos de culpa. Asimismo y paradójicamente, el Código no contempla penalizar a los falsos médicos, falsos yatiris, pseudocuranderos, estafadores y toda laya de impostores autorizados y no autorizados que causan la muerte de las personas en su búsqueda de lucro.
Por eso, resulta inaceptable que antes de contar con una Ley Integral de Salud se exponga al médico directamente a un Código Penal que incorpora maliciosamente artículos que antes constituían el cuerpo de una pretendida Ley de Negligencia Médica, norma que infructuosamente se intentó imponer. Incluir a todas las profesiones para enmascarar la verdadera y específica intención ha resultado una torpeza que quedará en el anecdotario de las necedades mayores.
Cualquier acuerdo debería pasar por eliminar todos los artículos del Código Penal relacionados con la salud, para ser parte de la Ley integral de Salud; o cuando menos debería aprobarse primero esta ley para después articularla con el Código Penal. Además, no se justifica por ninguna razón la desesperada urgencia por crear instrumentos que criminalicen al médico. Las leyes y decretos disponibles permiten juzgar y penalizar crímenes derivados de la práctica médica en cualquier variante. Esto no ocurre plenamente porque la corrupción sin límite de la Justicia hace que los casos se resuelvan muchas veces transando o a través de la coerción y la extorsión. Cuando la Justicia se dignifique, los criminales estarán donde corresponde sin que nada pueda encubrirlos.
Ahora que necesitamos que nuestros médicos no se vayan fuera del país y que retornen los que están especializándose, desvaríos como el que nos ocupa contribuyen a expulsarlos y a ahuyentarlos. Por otra parte, los costos en salud se incrementarán porque los médicos, para protegerse, contratarán seguros, sobreutilizarán medios diagnósticos y, lo que es peor, la calidad de atención se verá afectada, porque el profesional aprenderá a justificar sus errores con las deficiencias y hará el mínimo esfuerzo por reducir las posibilidades de ser penalizado. Nuestros estudiantes egresarán para desempeñarse en un escenario de amenaza constante.
Para la Asociación Boliviana de Facultades de Medicina (Abolfam), la Ministra de Salud, como autoridad cabeza de sector, es la llamada a resguardar la profesión médica de los desatinos de algunos legisladores que no comprenden la complejidad del tema. Por eso, le hemos planteado de manera respetuosa que tramite la exclusión de dichos artículos y que se instale un consejo nacional para elaborar el anteproyecto de la Ley Integral de Salud, que aglutine y sustituya toda norma, decreto o artículos relacionados con la salud, evitando así nuevos conflictos. Buscando ser escuchados hemos solicitado audiencia a las cámaras de la Asamblea Legislativa, pidiendo resolver el problema y así evitar que se reinstalen movilizaciones a nivel nacional.
