Generar certidumbre es una de las funciones esenciales de la institucionalidad pública. Por ejemplo, la acción estatal debería contribuir mediante la Justicia a que la sociedad discierna lo que no es verdad, entienda los problemas y aprenda de ellos; funciones que, lamentablemente, se están cumpliendo irregularmente. De ahí la extensión de la desconfianza social.
En estos días la opinión pública asiste a la enésima resurrección del caso Zapata, con un nuevo intercambio de acusaciones entre los abogados de la protagonista, en el que se reinterpretan al gusto del cliente eventos que ya fueron tratados hasta la saciedad. Así, el ciudadano se enfrenta otra vez a un torbellino de “revelaciones” de pequeño calibre que hacen las delicias del sensacionalismo mediático, pero que al final solo confunden. De todo ese barullo no sale nada claro, sino tan solo anuncios de nuevos procesos judiciales, como si los actuales ya no fueran suficientes.
Paralelamente resurgen opiniones, comentarios y acusaciones cruzadas de algunos de los protagonistas políticos de los luctuosos hechos de octubre de 2003, en los que murieron decenas de ciudadanos en La Paz. Más allá de la indignación que provoca el tono altanero y la ausencia de reflexión sobre sus responsabilidades en ciertos personajes que estuvieron estrechamente involucrados a esos terribles sucesos, preocupa la reacción ligera de parte de la opinión pública frente a estas apariciones. Hay muy poca contrastación de las argumentaciones parcializadas de estos personajes con los hechos y evidencias objetivas recolectadas por investigaciones judiciales e históricas serias sobre lo que realmente pasó en esos aciagos días.
Este panorama nos ilustra sobre una de las grandes deficiencias de nuestras instituciones y en particular del sistema judicial. Por su lentitud y complejidad burocrática, éste se muestra incapaz de establecer razonable y oportunamente la verdad sobre ciertos hechos y sus responsables. De allí que frecuentemente surjan decisiones judiciales supuestamente sustentadas en el contraste deliberativo de evidencias y pruebas, pero la duda y la confusión persisten en la opinión. Al final, inocentes y culpables se confunden dependiendo del opinador de turno.
Lo grave de esta situación es que sumerge a la sociedad en un universo de ambigüedades, sin verdades históricas bien establecidas; donde lo que ayer era un delito mañana puede ser una virtud, dependiendo del cambio de contextos y del que reinterprete los hechos. Lo que da lugar a una realidad de desconfianza y confusión, en el que la sociedad no aprende de sus errores y en la que la impunidad campea. Para revertir esta situación, urge fortalecer la institucionalidad y la Justicia, principalmente; pero también hay que evitar prestarse y/o colaborar con esas manipulaciones, tanto en los medios de comunicación como en el espacio privado de cada uno de los ciudadanos.
