La buena noticia es que se trata de casos que ya están en manos de la Justicia, algunos en fase de investigación y otros acercándose a la sentencia. La mala noticia es que en los últimos años el Estado perdió al menos Bs 278 millones por malos oficiales que actuaron no de manera negligente, sino corrupta. El Ministerio de Defensa hace seguimiento a unos 300 procesos.
Según reveló el Director Jurídico del Ministerio de Defensa, del total de casos a los que ese despacho hace seguimiento, 170 son de naturaleza penal; el daño se contabiliza en al menos $us 40 millones. Son una veintena de casos los que se consideran “más relevantes”, dice la autoridad consultada, pues en ellos se concentra la mayor parte de las multimillonarias pérdidas.
Entre esos casos emblemáticos se cuenta uno que enloda a la Armada Boliviana: la compra en 2011 de 16 barcazas y dos empujadores que nunca dejaron los astilleros en China y provocaron al Estado boliviano un daño de más de $us 31 millones. El proceso está cerca de su finalización y al parecer hay pocas posibilidades de que las naves lleguen al país, pese a que el Ministerio de Defensa y hasta la Procuraduría hicieron esfuerzos en China para tal propósito.
Dos casos afectan la imagen del Ejército, uno se refiere a malos manejos del cemento asfáltico que administraba el Comando de Ingeniería del Ejército, causando una pérdida de Bs 10 millones. El otro es peor: la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército, creada para evitar los daños que malos contratistas causan al Estado, sobre la base del supuesto de que los oficiales formados en ingeniería y ramas anexas no cometerían los mismos errores que sus contrapartes civiles. El daño económico de esta frustrada aventura se cifra en Bs 61 millones.
Finalmente, la Fuerza Aérea no se libra del descrédito: años atrás la compra irregular de repuestos para los vetustos aviones caza T-33, que incluyó la adquisición de falsos repuestos, terminó costando Bs 5 millones al Estado.
Asimismo se cuentan numerosos casos de venta de falsas libretas de servicio militar, que además de enlodar a los oficiales involucrados en tal comercio, han afectado a dirigentes políticos y asambleístas legislativos, así como a otras personas que gozaban de notoriedad pública y hoy afrontan la indagación judicial.
Los arriba citados son apenas unos pocos de los muchos casos que involucran a personal del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, siendo la mayoría de los involucrados oficiales y suboficiales; es decir, gente formada no solo en materias propias de la vida militar, sino sobre todo en valores, tales como el honor y la honestidad. Urge, pues, establecer responsabilidades y sancionar ejemplarmente a quienes sean culpables, haciendo el esfuerzo de demostrar que la negligencia y la corrupción no son toleradas en el ámbito castrense.
