Por el número creciente de casos, las noticias sobre mujeres bolivianas víctimas de trata con fines de explotación sexual han dejado de causar sorpresa; lo que debería provocar alarma entre propios y extraños, pues significa que este aberrante delito no solo aumenta con los años, sino que además amenaza con “normalizarse” en la opinión pública.
El último hecho de este tipo salió a la luz el sábado anterior, luego de que dos jóvenes bolivianas fueran rescatadas de un local nocturno de la ciudad de Ilave, en Puno, donde eran obligadas a prostituirse y a tomar cerveza con los clientes, según declararon a las autoridades policiales de Perú. Una mujer de 36 años y un varón de 43 fueron detenidos por este hecho.
Ambas muchachas, de 19 y 21 años, viajaron al vecino país atraídas por la falsa promesa de un trabajo bien remunerado. Sin embargo, ya lejos de sus familiares y de su entorno, las promesas se convirtieron en pesadillas, con agresiones y amedrentamientos de por medio para doblegar su voluntad y así evitar cualquier intento de fuga. Por la misma razón tampoco las dejaban salir a la calle sin compañía y habían retenido sus documentos.
No sobra recordar que en varias ciudades fronterizas de Bolivia y Perú la trata de personas con fines de explotación sexual es algo corriente, junto a la explotación infantil, todo ello impulsado por la minería ilegal, especialmente de oro. Por ejemplo, según consigna un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en agosto de 2015, en los municipios paceños de Mapiri, Teoponte y Suches, donde se han asentado miles de cooperativistas en busca del precioso metal, existen lenocinios que explotan sexualmente a adolescentes provenientes principalmente de Beni, que llegan hasta aquellos lugares bajo engaños como ocurrió con las dos bolivianas rescatadas en Puno.
E incluso en esta cadena de trata y tráfico de personas participan agencias de empleo que engañan a las adolescentes de escasos recursos ofreciéndoles oportunidades laborales que terminan convirtiéndose en experiencias de terror. Consultados al respecto, el Director de la FELCC de La Paz confirmó a La Razón que tienen información sobre la existencia de lenocinios en centros auríferos en la frontera, donde las mujeres bolivianas estarían siendo explotadas sexualmente.
A pesar de estos antecedentes, las autoridades no han logrado poner un alto a este aberrante delito, íntimamente ligado a la minería informal en las zonas fronterizas, una actividad que, dicho sea de paso, no tributa y destruye la naturaleza, amén de promover la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando. De allí la importancia de asumir la lucha contra ambos delitos como una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno, los intereses particulares y la politiquería.
