Hace rato insisto en que junto a la capitalización neoliberal hubo otro negocio redondo en Bolivia: la reforma judicial. No se podía dar seguridad jurídica a las transnacionales sin leyes y sistema judicial que lo hagan, de ese modo, la banca internacional “obliga” a Bolivia y sus gobiernos adoptar un proceso de modernización judicial de raíces profundamente injerencistas y por fuera de todo canon de soberanía.
Todo comenzó con el DS 24004 del 12 de mayo de 1995, donde se firma un contrato de préstamo con el BID por $us 70 millones para el programa de ajuste estructural para la capitalización; siendo uno de sus componentes el Programa de Reforma Judicial en toda el área de modernización normativa e institucional. El segundo paso fue la firma del Convenio de Crédito con el Banco Mundial Nº IDA-27.50, PPPFI-P8.251, destinado a financiar la ejecución de Programa de Reforma Judicial de la República de Bolivia por un monto equivalente a $us 11 millones. El programa se extendió entre julio de 1995 y diciembre del 2000.
Así comenzó la venta de la patria en clave de sistema judicial, y en ello la embajada americana era la supervisora para verificar su “eficaz cumplimiento”. Esto que ocurrió es la cruda realidad, pero los opositores lo ocultan hoy. A ellos hay que decirles que tuvieron en sus manos la reforma judicial más importante y más costosa de toda la historia económica de Bolivia. Tuvieron en sus manos obscenas cantidades económicas de la cooperación internacional y el fracaso fue rotundo.
Fue un negocio redondo donde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Banco Mundial (BM); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Fondo Monetario Internacional (FMI); y las agencias de cooperación internacional para el desarrollo como la estadounidense Usaid, la alemana GTZ o la española AECID hicieron su negociado, vendiéndonos cuentas de vidrios, ofertándonos un futuro judicial perfecto o lo más próximo a él y se “lotearon” la reforma.
En efecto, cada agencia tenía su cuota parte del sistema, la GTZ (hoy GIZ) en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema; Usaid en la Justicia penal y la gobernanza democrática en organizaciones no gubernamentales, AECID, en el Ministerio Público… Fue sin duda un tiempo intenso, donde la misma Justicia comunitaria tuvo su propia partida de gastos de estas agencias internacionales, y Usaid era la que mandaba en este tema, hasta que llegó lo de Ayo Ayo.
Una estimación moderada realizada por Peter de Shazo y Juan Enrique Vargas (2006) nos señala que entre 1996 y 2006 el BM, BID, PNUD y Usaid desembolsaron $us 1.000 millones en concepto de ayuda financiera para la reforma judicial neoliberal en América Latina. ¿Cuánto le costó a Bolivia la reforma judicial neoliberal? Es algo que deberían responder todos aquellos que gobernaron entre 1995-2005. Pero no, ellos olvidaron ese “pequeño detalle” de su gobierno, tal como lo atestigua la proclama de exgobernantes neoliberales publicada días atrás.
La reforma judicial neoliberal es la historia de un fracaso preparado. Era un negocio, y como tal, no debía matar los problemas de la gallina que proveía los huevos de oro. La historia de la reforma judicial neoliberal es la historia inmunda del cuoteo, es la historia de unos señores que vendieron la patria, la Justicia y todo. Felizmente la memoria, esa que no perdona, siempre vuelve fecunda a abonar la esperanza y fructificar la verdad.
