El 28 de noviembre de 2016, un avión Avro RJ85 de la empresa LaMia se estrelló en Colombia cuando transportaba al equipo, periodistas y asistentes del club brasileño Chapecoense a Medellín donde se debía disputarse la primera final de la Copa Sudamericana de ese año.
LaMia disponía de tres aviones, pero solo uno estaba en condiciones de volar. El aparato siniestrado tenía una autonomía de vuelo de 2.965 kilómetros y en el fatídico vuelo debía recorrer 2.960 kilómetros entre Santa Cruz y Medellín.
La controladora aérea Celia Castedo advirtió que el tiempo de ruta era igual a la autonomía de vuelo y que el combustible no era suficiente para llegar a Medellín. Su observación técnica fue pasada por alto. Pocos kilómetros antes de aterrizar, la nave se estrelló por falta de combustible y destapó una serie de irregularidades que afectaron especialmente a la institucionalidad de regulación aeronáutica del país.
Un año después de la tragedia, las familias de los fallecieron no pudieron cobrar las indemnizaciones, precisamente por esa cadena de irregularidades. De hecho, los procesos legales por estas anomalías están estancados en Bolivia, mientras que en Brasil avanzaron hasta establecer la relación de un exsenador de ese país con la empresa.
Es posible que la Justicia reactive las pesquisas y se produzcan más detenciones, pero el desafío está ahora en reparar los daños civiles y evitar un juicio internacional.
