Parece que a nadie le interesa la Justicia. Por lo menos a nadie que no haya sufrido en carne propia los males del sistema judicial. Nuestros clientes sí lo han sufrido. ¿Clientes? Mejor dicho víctimas; y por doble partida. Sufren primero el hecho y después el maltrato inhumano de la burocracia judicial. Son gente humilde que entrega sus ahorros a un charlatán sin recibir el valor de lo pagado. Son parejas que quieren separarse y definir la situación de sus hijos. Son familias con disputas por bienes o agravios. Son empresarios que tratan de sobrevivir la asfixia tributaria, laboral y burocrática. Son trabajadores que desconocen sus derechos, sin capacidad, conocimiento o medios para negociar o exigir mejores condiciones de trabajo. Hombres, mujeres y niños que han sufrido el abuso, el maltrato o la violencia en cualquiera de sus formas. Quieren una reparación, y la mayor parte de las veces no llega. Todas las víctimas sufren el hecho, y la burocracia las revictimiza.
Sabemos a quién no le interesa la reforma de la Justicia, a los impunes. Esa clase privilegiada con poder o dinero: los verdaderos magistrados. Tampoco interesa la reforma a las instituciones estatales que, abusando de su poder, demoran, obstaculizan o niegan servicios esenciales a ciudadanos bajo la barata y falaz excusa de “proceder conforme a ley”. El conflicto humano es altamente lucrativo. Mientras haya conflicto, habrá un mercado de criminales dispuesto a traficarlo. Por muy trágica que sea la situación, no podemos rendirnos ante los burócratas judiciales. Es momento de movilizar a la ciudadanía para destruir los pilares que sostienen este sistema caduco y corrupto.
¿Qué se puede hacer? Podemos empezar eliminando todos los códigos procesales y simplificar la organización judicial. No necesitamos procedimientos diferenciados. No necesitamos expedientes. No necesitamos juzgados, ni secretarios, ni auxiliares, ni supernumerarios, ni pasantes. No necesitamos actuaciones escritas. Necesitamos oralidad y audiencias. Salas de audiencias, sin oficinas, archivos, papeles o escritorios. ¿Y el trámite? Dos sencillos pasos: solicitar la audiencia y participar en ella. Así de simple. Estos dos únicos pasos aplican a toda materia, procedimiento o decisión judicial.
La oralidad es nuestro mecanismo natural de comunicación. Ha sido profanado por los tramitólogos con título de abogados. Hay que rescatar y radicalizar la abogacía de la oralidad a favor del ciudadano. En audiencia podemos y debemos ser escuchados. Sin papeles ni formalismos, se crea un equilibrio entre el poder estatal y el poder popular. Y si es así, la abogacía y la judicatura se refinarán en el arte de la argumentación. Cada audiencia debe tener jueces designados al azar, sin posibilidad de contacto previo con las partes. Un juez no debe hacer nada más que dirigir audiencias y tomar decisiones, a la luz pública. La preparación y registro de la audiencia corresponderá a otra oficina sin relación jerárquica con los jueces. Sin papeles, sin burocracia, sin demora, sin oportunidad para negociar el fallo. No existe abogacía fuera de la oralidad plena y absoluta. Los abogados no somos redactores de memoriales, ni gestores de trámites. Los abogados somos profesionales de la argumentación que solo adquiere valor real cuando se realiza oralmente. No podemos aspirar a menos. No debemos aspirar a menos. Nada por debajo de eso podrá llamarse “reforma”. La ciudadanía pide a gritos justicia. Justicia es el poder de ser escuchados. Justicia es oralidad. Sin audiencias, no hay Justicia. A mí me interesa la Justicia. ¿A usted?
