Un conflicto que ha superado todas las previsiones y expectativas, sin haber podido doblegar la voluntad gubernamental, es el de los médicos del país, que llevan ya un mes en paro indefinido en su intento por anular un artículo del nuevo Código Penal, pero habiendo logrado únicamente impedir que miles de personas accedan a su derecho a la salud.
Las demandas que enarbolan los médicos, además de la eliminación del Art. 205 de la Ley del Sistema del Código Penal (que tipifica y sanciona la mala praxis profesional), son: derogar el decreto que crea la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social, encargada de regular y controlar los servicios médicos públicos, los centros privados y la Seguridad Social de Corto Plazo, incluyendo los seguros de salud; e impedir la regulación de los precios de los servicios a través del establecimiento de un arancel.
El conflicto no es nuevo, pues data de meses atrás cuando comenzó a discutirse la mala praxis profesional. Entonces la dirigencia de los colegios médicos nacional y de La Paz y autoridades de gobierno firmaron un convenio en el que se establecía el compromiso de encontrar soluciones al diferendo por el modo en que se pretendía legislar esta problemática.
No es fácil juzgar la profesión médica, abundan los testimonios de personas que sufren o han sufrido por errores de los médicos; pero también son incontables los casos de personas que agradecen a sus doctores por haber dado soluciones que incluso parecen milagrosas. Las y los médicos son personas humanas y, por tanto, susceptibles a cometer errores, lo cual no significa que la norma dicte sanción a ojos cerrados, como las dirigencias hicieron creer a muchas y muchos.
El problema, entonces, puede encontrarse en la intención política de esas dirigencias, que no han dudado en desinformar a sus bases con tal de polarizar las opiniones y mantener la movilización activa. Desde el lado del Gobierno también es posible apuntar errores tácticos y estratégicos, incluyendo casos en los que la posibilidad de arribar a principios de un acuerdo se perdió por el uso irresponsable de las redes sociales como canal para expresar desprecio por la contraparte de la negociación.
Mientras tanto, lo que no se discute es el estado de la salud pública nacional, pues, pese a que los tres niveles gubernativos han construido hospitales y destinado recursos, son muchas las personas en todo el país que no pueden acceder a una salud de calidad, ora por falta de insumos o personal, ora por falta de buen trato y calidez de parte de las y los médicos. Ni el Código Penal es una espada de Damocles sobre cada médico en ejercicio ni los profesionales de la salud son “mercaderes” o cosas peores. Pero sí la gente necesita de un Estado que le garantice la salud y de profesionales que hagan bien su trabajo.
