Semanas atrás, en Cochabamba, en el acto en el que se celebró el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita la repostulación del Presidente declarando inconstitucional el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el Primer Mandatario, además de reafirmar su candidatura, anunció que 2018 será un año de gran complejidad política.
No le falta razón al Presidente, quien además pidió a sus bases prepararse para la campaña política. Todo anuncia que mañana, aunque cambie el número de año y el calendario se reinicie nuevamente, las tensiones seguirán presentes con al menos tres sectores de la sociedad movilizados en contra del nuevo Código del Sistema Penal; y numerosos grupos, algunos pocos con cierta organicidad y la mayoría espontáneos, movilizados en contra de la repostulación de Evo Morales y de las instituciones que la hicieron posible.
Sin embargo, resta conocer la verdadera representatividad de esos grupos, habida cuenta, por una parte, de que parecen más activos en las redes sociales que en la movilización callejera y, por otra, que los debates virtuales que se producen dan cuenta de una dispersión ideológica al margen del tema que inspira su reunión. Oscurece aún más el panorama el hecho de que la mayoría de los comentarios opositores contienen mensajes que van desde los que muestran el más compasivo darwinismo social hasta los abiertamente racistas.
Sin embargo, en el camino estarán estas y otras protestas que, no es difícil imaginar, se activarán a lo largo del año, con o sin argumentos valederos, entorpeciendo la gobernabilidad y echando más sombras sobre la calidad y resultados de la gestión gubernamental, cuyos yerros parecieran ser más publicitados que sus aciertos, a pesar del tamaño del presupuesto gubernamental destinado a la comunicación.
Abona a este estado de crispación en la opinión pública, ya polarizada entre quienes apoyan al Gobierno y quienes lo resisten, un creciente descrédito en las instituciones del Estado y un sistema de medios de comunicación que hace años han confundido el efecto político del periodismo con la función social del oficio y, habiendo tomado partido, favorecen la desinformación.
Toca, pues, que las autoridades de gobierno, antes que las bases, permanentemente movilizadas desde hace más de una década, evalúen el estado de cosas y comprendan que mantener e incrementar sus adhesiones requiere menos confrontación y más diálogo, especialmente con los sectores adversos, que hallan evidencias de una presunta falta de vocación democrática en autoridades que acuden con más facilidad a los adjetivos que a los argumentos.
En efecto, 2018 se anuncia como muy intenso en términos políticos. Dependerá del oficialismo y la oposición encontrar vías para un debate político en el que no se pongan en cuestión los valores propios de la práctica democrática ni se opte por el desastre.
