Las nuevas autoridades del Órgano Judicial fueron posesionadas el 3 de enero. Más allá de las controversias sobre su elección, estos magistrados tienen el ineludible desafío de resolver los graves problemas de la Justicia. Si logran avances en esta tarea, habrán reforzado su legitimidad, pero sobre todo contribuido a garantizar los derechos humanos de los bolivianos.
A veces el debate político se estanca en disquisiciones que ocultan muchas de las cuestiones de fondo de los conflictos. Durante varios meses, el foco de atención de la opinión pública se concentró en las condiciones de elección de las principales autoridades del Órgano Judicial y en sus impactos sobre su legitimidad.
Por un lado, se enfatizaba la importancia “purificadora” del voto para garantizar autoridades eficaces e independientes que encaren la reforma de la Justicia. Mientras que desde la acera de enfrente se insistía en que los supuestos vicios de su selección y la victoria del voto nulo en las elecciones descalificaban per se las posibilidades de cualquier mejora en ese ámbito. Lo cierto es que pasada la polarizada contienda, los severos problemas del sistema judicial siguen ahí, y buena parte de su resolución está, guste o no, en las manos de los ciudadanos electos en diciembre. Como dice el refrán, con esos bueyes tendremos que arar.
De hecho, no tenemos opción, no solamente porque su designación está amparada en normas constitucionales, sino también por una cuestión práctica: el retardo judicial, las detenciones preventivas arbitrarias y la falta de garantías de derechos humanos son de tal magnitud que sería indecente apostar a que no se avance en nada en el combate contra esas lacras en los próximos cinco años.
En la ciencia política se habla de dos tipos de legitimidad de una autoridad, la que proviene de su elección en el marco de las normas vigentes, denominada “de origen”; y la que se genera cuando esta persona cumple sus funciones adecuadamente y en el marco de la ley, considerada como “legitimidad de ejercicio”. Ambas son importantes, pero su relación es compleja. No siempre una gran legitimidad de origen garantiza eficacia y resultados en el ejercicio del poder, ni las controversias de una elección auguran necesariamente un fracaso del electo en el futuro. Los resultados de cualquier gestión pública dependen de lo que los actores políticos desean y pueden hacer para satisfacer a los ciudadanos.
Por ello, no queda sino respaldar a los nuevos magistrados y tomarles la palabra cuando prometen trabajar con empeño para revertir la situación del sistema judicial y de esa manera fortalecer su legitimidad. Si la consciencia sobre las difíciles circunstancias en que inician su gestión resulta ser un poderoso aliciente para mejorar su desempeño futuro y probidad, quizás el conflicto habrá servido para algo positivo.
