La Constitución de 2009 plantea un régimen económico plural, en el que conviven la economía estatal, privada, social cooperativa y la comunitaria. Es decir, todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de ser apoyados y fomentados por el Estado en nuestra actividad económica. En el periodo neoliberal (1985-2005), las calles del país se llenaron de personas dedicadas al comercio informal, debido a las políticas macroeconómicas de ajuste fiscal y el desempleo que las acompañan, tal como está ocurriendo hoy en Argentina. Esta situación, que duró más de 20 años, no ha podido ser revertida hasta ahora, a pesar de las transferencias directas (bonos sociales) e indirectas (subvención de hidrocarburos) ejecutadas por el actual Gobierno. Aún se pueden ver niños, niñas, jóvenes y sus padres trabajar diariamente para cubrir sus necesidades básicas, sin poder salir de esta situación. Ciertamente los niveles de pobreza han disminuido gracias a las políticas sociales de los últimos años, pero estos trabajadores informales siguen solos en su lucha diaria, quizá sin la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué se puede hacer?
Es momento de acordarse de aquellos que no tienen un empleo asalariado, con seguridad social. Estas personas, a pesar de trabajar arduamente, no pueden acceder a préstamos bancarios, precisamente por su carácter informal. Sin embargo, el Estado tiene una entidad financiera, el Banco Unión, el lugar ideal para que puedan acceder, aunque marginalmente, a los beneficios que conlleva un trabajo formal, recibiendo por ejemplo créditos solidarios, debidamente asegurados, por un monto no mayor a Bs 10.000, a una tasa de interés del 1% anual y a dos años plazo.
Con este beneficio, la calidad de vida de muchos de estos hermanos y hermanas que batallan diariamente sin horario seguramente mejoraría. Por ejemplo, según un sondeo de opinión realizado a más de 100 trabajadores, muchos de ellos cambiarían el techo de sus viviendas “porque entra agua”, harían una habitación adicional para superar el hacinamiento, pondrían un puesto de comida o comprarían herramientas de trabajo. Es decir, invertirían en la escala de sus necesidades. Por otro lado, pagarían su deuda puntualmente, porque en Bolivia está demostrado que la gente humilde es buena pagadora si no es víctima de usuras, con tasas del 50% de interés anual, como en el caso de los microcréditos.
Este tipo de crédito debería ser solidario. Es decir, podrían formarse grupos familiares entre vecinos para fortalecer el control y la responsabilidad. Asimismo, se renovaría el carácter comunitario, que si bien casi ha desaparecido por las políticas de municipalización, aún perviven en el ser de nuestra gente. Se trata de una tarea pendiente que con seguridad reduciría aceleradamente los niveles de pobreza, ya que estos hermanos y hermanas no necesitan dádivas, sino oportunidades para trabajar y vivir dignamente.
