En 2010, The New York Times publicó un reportaje sobre varios abusos sexuales cometidos presuntamente por el sacerdote chileno Fernando Karadima contra feligreses y exseminaristas en los años 80 y 90, incluso cuando las víctimas eran menores de edad. Un año después, la Iglesia declaró culpable a Karadima y lo marginó del sacerdocio. Mientras se ventilaban estos hechos, algunas de las víctimas acusaron a su colega Juan Barros de encubrir estos abusos. A pesar de ello, fue nombrado obispo de Osorno en 2015, y ahora último su nombre ha vuelto a hacer noticia con la reciente visita del Pontífice a Chile.
Consultado por una periodista sobre estas acusaciones, Bergoglio respondió que iba a hablar el día que le “traigan una prueba contra el obispo Barros”, y agregó que “No hay una sola prueba en (su) contra. Todo es calumnia. ¿Está claro?”. Duras palabras que fueron cuestionadas incluso dentro de la propia Iglesia. Lo que le impulsó al papa Francisco a pedir disculpas, asegurando que se había equivocado al pedir “una prueba”, en lugar de haber solicitado “evidencias”.
Ciertamente una necesaria rectificación, aunque insuficiente. Y es que, cuando se trata de visibilizar y sancionar abusos sexuales cometidos contra sectores vulnerables como los niños, con el fin último de impedir que se repitan, resulta esencial evitar cualquier acción que tienda a culpabilizar a las víctimas, como exigirles pruebas o evidencias que demuestren los crímenes perpetrados en su contra, ya que ello contribuye a reforzar la impunidad que suele imperar en delitos de esta naturaleza.
