Con el acto formal de sanción del estatuto autonómico de Santa Cruz, convocado para este lunes por la Asamblea Legislativa Departamental, concluye un ciclo de casi una década y se inicia otro en el horizonte del Estado Plurinacional con autonomías. Luego de un largo recorrido, el estatuto cruceño es finalmente compatible con la Constitución Política. Y eso hay que celebrarlo.
Desde este espacio hemos mantenido una posición crítica sobre el origen e itinerario del estatuto de referencia, como sostiene el dirigente de los Demócratas Vladimir Peña en un artículo publicado ayer en Animal Político. Y es que más allá de nuestro pleno reconocimiento a la legitimidad de la histórica demanda autonómica cruceña, los hechos muestran que su estatuto nació como parte del fallido intento por abortar la Asamblea Constituyente y fue aprobado en una consulta legítima, pero ilegal.
Sobre su contenido, diferentes estudios demuestran que este documento en su inicio tenía varios problemas de inconstitucionalidad, tanto con la anterior ley fundamental como con la Constitución hoy vigente. Así fue constatado por el Tribunal Constitucional en su declaración de 2016 (61 de los 144 artículos y dos disposiciones finales fueron declarados incompatibles con la Constitución). Luego del imprescindible ajuste, hoy el estatuto cuenta con declaración plena de constitucionalidad.
En cuanto a su aprobación, si bien el estatuto cruceño tenía amplia legitimidad, la consulta ciudadana para su aprobación fue convocada al margen de la Ley Marco del Referéndum (2004). Dicha norma establecía que la convocatoria debía hacerla el Congreso Nacional. No se cumplió. Así fue declarado formal y oficialmente por la ex Corte Nacional Electoral, que desconoció su administración. En todo caso, la consulta fue avalada luego como parte de las negociaciones políticas sobre la nueva Carta Magna.
A reserva del debate sobre la posterior socialización de este documento, su lentitud y su carácter más o menos participativo, lo importante al final del recorrido, 10 años después, es que hoy Santa Cruz tiene su estatuto departamental en vigencia (el tercero, luego de Pando y Tarija). Reasume así liderazgo en el proceso autonómico: no de facto, no en lógica separatista, no con toma violenta de instituciones… Lo hace con pleno apego a la Constitución y a la institucionalidad vigente. Hay que elogiarlo.
¿Qué sigue? Asumiendo que, más allá del discurso y la bandera, Santa Cruz avanzó “haciendo autonomía al andar”, el hecho formal de contar con su estatuto marca un hito en el tardo y complejo camino de construcción de las autonomías en el país. Así, cuando el proceso parece congelarse y/o confinarse al solo esquivo pacto fiscal, la vigencia constitucional del estatuto cruceño llega como señal contra el persistente centralismo. Enhorabuena por este impulso en el proceso de refundación del Estado.
