Días atrás, una diputada de Unidad Demócrata puso el dedo en la llaga al denunciar acoso de parte de sus correligionarios, además de manejos poco transparentes, tráfico de influencias, designaciones a dedo y otras irregularidades, tanto en el oficialismo como en la oposición. La denuncia solo ha servido para que el acoso contra ella se intensifique.
“Ahora que denuncio irregularidades en mi bancada y en la oficialista (…), se intensifica el acoso, me amenazan con expulsión”, señaló la diputada Jimena Costa luego de que su declaración mereciera no solo abundante cobertura periodística, sino también que se convirtiese en un asunto de debate público. Su colega Fernanda San Martín, quien fue la primera en apoyar la denuncia, también afirmó que desde ese momento la presión creció, ya no las convocan a reuniones de bancada y hasta las calumnian.
Consultadas al respecto, una docena de legisladoras del oficialismo y la oposición coincidieron en reconocer que el hostigamiento en función de género es algo cotidiano en la Asamblea Legislativa, y que éste se acentúa por causas políticas. Confirma el dato la expresidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados Alicia Canqui, quien dijo que si bien no hubo ninguna denuncia formal en los anteriores dos años, fueron varias las legisladoras que acudieron a su oficina “a descargar su rabia” por haber sido acosadas u hostigadas.
Al respecto, la Directora de la Coordinadora de la Mujer, institución que pronto presentará un estudio sobre esta temática, adelantó que en esa investigación se ha constatado que la mayoría de las legisladoras desconoce que ha sufrido y sufre acoso o violencia política, porque esos comportamientos han sido naturalizados, es decir, son vistos como normales. Añadió la especialista que esta naturalización se produce porque las propias mujeres asumen que estar en puestos de decisión las exponen a este tipo de situaciones.
En la investigación ya nombrada, el 65% de las diputadas y senadoras registran haber vivido o estar viviendo acoso o violencia política, lo que en el futuro suele transformarse en la decisión de no volver a postular a cargos electivos y de decisión. Lo más preocupante es que la investigación también descubrió que en el Legislativo no se han creado mecanismos internos para que las víctimas puedan realizar sus denuncias. En todo caso, la presidenta de la Cámara de Diputados ya anunció que se conformará una comisión especial para indagar las denuncias sobre este tema.
Queda, pues, la evidencia de que los mismos legisladores que aprobaron las leyes 243, contra el Acoso y Violencia Política; y 348, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, son los primeros en vulnerarlas, lo que nos recuerda que el machismo y la misoginia no son atributos exclusivos de una u otra orientación ideológica o de uno u otro género, sino un problema de toda la sociedad.
